La Cámara 8ª del Crimen compartió este viernes al mediodía los fundamentos de las sentencias del juicio por el caso de Valentino Blas Correas ocurrido en agosto de 2020. Allí, detallaron el por qué de las condenas a los autores fatales del hecho, apuntaron contra los líderes de la seguridad en la provincia y el dato clave para dilucidar todo.
Los jueces recriminaron la actuación de los efectivo policiales y reconocieron que existió violencia institucional en un documento de 2123 páginas. En primera instancia, la Cámara resaltó el pedido de investigación para el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti.
Mosquera era el ministro de Seguridad en el momento del hecho y si bien no fue apuntado de manera directa por maniobras delictivas en torno al crimen, se desprendió una causa en su contra. Junto al exsubsecretario de su cartera, Lucas Mezzano, serán investigados por “posible abuso de autoridad y/o mlaversación de caudales públicos”.
Es que, el pedido se planteó “con relación a la entrega de un vehículo Toyota Corolla supuestamente perteneciente a un particular que se encontraba en la Casa de Gobierno de esta Provincia a Gonzalo Leonardo Cumplido”, indicaron.
Sin embargo, Cumplido también está bajo el foco de la Justicia por una posible omisión de denuncia agravado por la calidad funcional. Justificaron que pudo haber tenido conocimiento del arma plantada a Blas y los amigos luego de ser baleados.
Además, como anticiparon en la sentencia dictada el 31 de marzo, dispusieron la remisión de antecedentes para Zárate Belletti, que en 2020 dirigía la Dirección de Recursos Humanos de la fuerza. Buscan conocer si ella o algún otro jefe cometieron irregularidades en la supervisión de la formación del personal a su cargo.
Violencia institucional en el caso Blas Correas
En un apartado especial de los fundamentos, los juristas destacaron la “violencia institucional” sufrida por los adolescentes que viajaban en el Fiat Argo, como así también sus familiares.
“Repárese que los autores de los delitos aquí juzgados eran todos funcionarios policiales en actividad, adscriptos a la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes hicieron uso arbitrario de la fuerza pública que les fue conferida”, expresa el escrito.
Por su parte, el juez Marcelo Jaime dijo que el “tribunal acreditó también la responsabilidad del Estado por esta tipología de violencia que si bien lamentablemente no es nueva, si es novedosa en el reconocimiento jurisdiccional como es la violencia institucional”, a Cadena 3.
Gómez y Alarcón “demostraron un total desprecio por la vida humana”
Por otro lado, el documento apuntó contra los cabos primeros Javier Alarcón y Lucas Gómez, los autores de los disparos en contra del rodado en el que se trasladaban los menores. “Demostraron un total desprecio por la vida humana”, sentenciaron.
En este sentido, los profesionales aseveraron que “al momento de los hechos no estaban aptos para desarrollar una función como la de agentes policiales que deban portar armas de fuego”. Además, explicaron el por qué de la prisión perpetua.
“Ambos tuvieron el mismo y exacto accionar, con resultado letal el de Gómez. En cuanto a Alarcón, no era un experto tirador que pueda alegar haber efectuado disparos intimidatorios. A más de no haber estado autorizado legalmente a hacerlos, los que realizó, alcanzaron al vehículo muy cerca de sus ocupantes. Y a más, también acababa de ser reprobado en un examen de tiro”, detallaron.
LA CONFESIÓN CLAVE PARA DILUCIDAR EL CASO BLAS CORREAS
Sin embargo, lo alcanzado no se hubiera concretado sin la confesión de la suboficial Wanda Esquivel. “Sin su inmediata y valiente colaboración, no hubiera sido posible el pronto esclarecimiento de lo ocurrido; y con ello, que no siguieran sufriendo las jóvenes víctimas y sus familias el escarnio de haberse sugerido que podrían haber esgrimido un revólver ante un retén policial”, aseguraron los jueces.
En tanto, el tribunal puntualizó: “Es evidente también que Esquivel confesó toda la maniobra encubridora porque quiso así hacerlo, no porque de igual modo la autoridad hubiera descubierto su proceder”.
UNA POR UNA, LA SENTENCIAS A LOS POLICÍAS ACUSADOS POR EL CRIMEN A BLAS CORREAS
Cabe recordar que, por las maniobras de encubrimiento posteriores al homicidio, la Cámara Octava del Crimen, con jurados populares, condenó a la agente Wanda Esquivel a 3 años y 10 meses de cárcel; oficial Yamila Martínez a 4 años y 3 meses; cabo Leandro Quevedo a 4 años; oficial Ezequiel Vélez a 2 años y 6 meses; subcomisario Sergio González a 4 años y 10 meses; comisario inspector Walter Soria a 4 años y 9 meses; subcomisario Enzo Quiroga a 4 años y 8 meses; comisario inspector Jorge Galleguillo a 4 años y 8 meses; y comisario inspector Juan Gatica a 4 años.
En tanto, el cabo Alejandro Martínez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza fueron absueltos de la acusación por falso testimonio y falso testimonio y encubrimiento, respectivamente.
