Martín Llaryora destacó la recuperación del diálogo institucional con la Nación y consideró como un avance la puesta en marcha de una mesa de discusión de los temas fiscales con las provincias. A la salida de la reunión donde estuvieron representadas las 24 jurisdicciones, el gobernador de Córdoba opinó que el proyecto de “ley ómnibus” presentado tiene altas chances de ser aprobado.
“Fue una buena reunión, muy extensa, en la que todos tuvimos la posibilidad de hablar en varias oportunidades y donde se escucharon todos los puntos de vista”, señaló Llaryora ante la requistoria de La Voz.
También reiteró que fue Nación –representada por el ministro del Interior, Guillermo Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse– la que insistió con la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y que en ese punto no hay coincidencia entre todas las provincias.
Llaryora explicó que él propuso que sea un impuesto progresivo a los altos ingresos y “no un impuesto a sueldos de 800 mil pesos”. Recalcó que son varias las provincias que rechazan por completo la restitución de ese tributo, como las patagónicas.
EL RECLAMO DE LLAYORA POR LA CAJA DE JUBILACIONES
No obstante, el planteo central del gobernador cordobés apuntó a los fondos que la Anses dejó de enviarle a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. “La Nación puede recortar fondos discrecionales, pero no puede cortar envíos establecidos por ley, como los previsionales”, explicó. A su vez informó que los funcionarios nacionales mencionaron la necesidad de auditar las cajas provinciales y recalcó que la Caja de Córdoba tiene sus cuentas ordenadas y auditadas.
“Les recalqué que durante años el kirchnerismo envió montos desactualizados y que ahora la situación es mucho peor, porque directamente los cortaron”, remarcó Llaryora. Y también que, al igual que varios otros gobernadores, advirtió sobre la posibilidad de presentar nuevas demandas judiciales por esos incumplimientos.
LOS ALCANCES DE LA REUNIÓN EN LA QUE PARTICIPÓ LLARYORA
El gobernador de Córdoba recalcó que se trató de un buen punto de partida para la normalización de la relación institucional de las provincias y la Nación. Dijo que en la reunión se plantearon numerosas quejas, se objetaron recortes y se cuestionaron las descalificaciones del presidente Javier Milei contra los mandatarios provinciales, pero aseguró que en todo momento primó el diálogo constructivo.
Llaryora señaló también que el proyecto de ley es superador respecto al anterior en varios puntos que generaban resistencias. Se restringen las facultades delegadas y se respetan varios acuerdos previos. “Para Córdoba es fundamental el hecho de que se respete lo acordado en materia de retenciones y que no figuren las empresas nacionales radicadas en la provincia en el listado de las firmas a privatizar”, puntualizó.
También recalcó que YPF no está incluida y que en los casos de Arsat y el Banco Nación, se prevé la posibilidad de incorporar capital privado, pero no la privatización total. “En términos generales, todos bajamos los decibeles, pudimos plantear una gran cantidad de temas y acordar los puntos centrales de la “ley Bases’”.
