Tras varios meses de debate y notable disconformidad ciudadana, el Concejo Deliberante de Villa Allende aprobó el polémico proyecto de seguridad impulsado por la gestión municipal para cerrar las calles de los barrios.
La propuesta recibió el voto positivo de la mayoría de los concejales, asegurado por los seis ediles del oficialismo sobre un total de once miembros del cuerpo. Una importante cantidad de vecinos llenó la sala manifestando su rechazo a la medida, portando pancartas contra lo que consideran un “encerramiento”.
VILLA ALLENDE: APROBARON EL CERRAMIENTO DE BARRIOS
El punto que generó mayor rechazo en la comunidad es la previsión de colocar portones y restringir la circulación en ciertas zonas. Martín Gómez, concejal de Hacemos Unidos por Villa Allende, expresó que, si se quita ese aspecto, el proyecto integral podría ser valorado.
Por su parte, Marta Banegas de Elegí Villa Allende comparó la situación con la de vivir en un barrio cerrado exclusivo. Los vecinos presentes en la jornada, mostraron su negativa a la idea de sentirse “enjaulados”.
Desde el bloque que impulsa el plan, explicaron haber recorrido los barrios escuchando diversas opiniones. Afirmaron que no imponen algo y que, por ello, incluyeron un registro de oposición. Argumentaron que la franja horaria más insegura es la nocturna y que buscan innovar para no seguir postergando la seguridad de los habitantes.
El programa formal, firmado por el intendente Pablo Cornet el 7 de mayo, enfatiza la necesidad de medidas urgentes ante el incremento de hechos delictivos.
El proyecto contempla otras acciones complementarias, como un nuevo centro de operaciones y monitoreo con tecnología avanzada e instalación de cámaras. También prevé domos policiales para imágenes en tiempo real, renovación de la flota de Seguridad Ciudadana, capacitación del personal y acompañamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Además, se instalarán lectores de patentes en las principales arterias para identificar posibles vehículos implicados en delitos.
Sin embargo, las objeciones persistieron durante el tratamiento legislativo. A pesar de haberse eliminado un artículo inicial que delegaba facultades administrativas, y de haber modificado el registro de oposición limitándolo a contribuyentes del padrón (excluyendo inquilinos y comerciantes), la oposición cuestionó la “emergencia” alegada, señalando una baja en el pico delictivo durante 2024.
El concejal Julio Loza calificó la medida de “atropello” y lamentó que Villa Allende sea la primera ciudad de la provincia en limitar el tránsito ciudadano con portones. Se recolectaron más de 2.900 firmas manifestando disconformidad. Residentes hablaron de “autoritarismo” y hasta solicitaron juicio político para los ediles favorables. Desde la oposición se analiza recurrir a la Justicia.
