El único detenido del grupo de empresarios por la causa de los cuadernos de la corrupción, Gerardo Ferreya, recibió prisión domiciliaria y seguirá detenido en su domicilio, acusado de ser miembro de una asociación ilícita.
Fuentes judiciales le informaron a este medio que el vicepresidente de la firma Electroingenieria será monitoreado electrónicamente, tras la resolución de la sala 1 de la Cámara Federal.
El juez Claudio Bonadio había rechazado la posibilidad del arresto domiciliario por cuestiones de salud y, tras la apelación del empresario cordobés, los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron otorgarle ese beneficio.
Ferreyra, quien fue detenido el 6 de agosto de 2018, no había aceptado la idea de convertirse en arrepentido, a diferencia de otros hombres de negocios, porque –dijo- no tiene delitos para reconocer.
En una entrevista con este medio, su abogado Eduardo Barcesat había manifestado que el empresario esgrimió dos razones por las que sigue preso.
"Ferreyra relató que a él le han denegado la excarcelación porque se negó a hablar en contra de los denominados 'mugrientos', la expresión la empleó el fiscal (Carlos) Stornelli en referencia a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner", dijo Barcesat, quien agregó que Ferreyra reiteró que "no va a cometer falsedad alguna" para conseguir su libertad.
La segunda razón que expresó Ferreyra, según reveló su abogado, fue que su firma Electroingeniería, junto a un consorcio chino, "ganó las licitaciones públicas de las dos mayores obras hidroeléctricas de Santa Cruz, cotizando 800 millones de dólares menos que la empresa ligada al grupo Macri, como Iecsa".
Según Claudio Bonadio, los recaudadores de la asociación ilícita que era comandada por el expresidente Néstor Kirchner primero y luego por su mujer Cristina Fernández contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 55.460.000 de dólares en los doce años de gobierno kirchnerista