La Justicia de Chubut dará inicio a la investigación por supuestas “amenazas agravadas” que surgieran de la denuncia del diputado provincial Sebastián López, quien tomó trascendencia nacional a través de un video por el cual ofrecía sus servicios a favor de la minería en la provincia.
López acusa al diputado nacional de Juntos por el Cambio -Ignacio Torres- de haber sido el promotor de que dicha grabación se hiciera pública, al señalar que mantuvo un encuentro con el mismo en donde lo amenazó de que cambiara su postura.
El legislador provincial asegura que antes de la difusión del video recibió amenazas por parte de Torres para que cambie su postura en la Legislatura provincial o se iba a difundir la cámara oculta. En ese contexto comentó que al haber tomado posición a favor del desarrollo minero, comenzó a recibir mensajes y amenazas por parte de la dirigencia del PRO. Tras la difusión del video, la cúpula del PRO encabezada a nivel provincial por Torres, denunció a López, y esa causa judicial tramita en los tribunales federales. La investigación judicial local, sobre la cual se pedirá la apertura de investigación, será por el delito de “amenazas agravadas”. El Código Penal argentino, en su artículo 149 ter segundo párrafo, prevé “de cinco a diez años de prisión si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, en este caso, modificar el voto de un diputado.
