La jueza Daniela Arcuri rechazó el acuerdo de juicio abreviado que se había presentado en torno a la situación de Abel Reyna, ex delegado local del IPV, por lo que el caso tendrá que ventilarse en juicio oral y público. Entre los fundamentos de la magistrada se contaría la expectativa de pena mayor a la acordada entre defensa y fiscalía, que se situaba en 3 años de prisión en suspenso.
El camino que se abre ahora es el de un juicio oral y público, que podría concretarse antes del mes de mayo, en el que se tendrán que presentar los testigos y otras pruebas en torno a las irregularidades que se imputan al ex delegado en el manejo de planes de vivienda, en particular en lo que respecta al de 81 viviendas de barrio Ciudadadela.
La perspectiva de un juicio oral y público puede implicar un proceso más espinoso, en el que la eventual condena podría ser más alta (ya que la del acuerdo estaba basada en los mínimos de cada delito), aunque también se abre la posibilidad de una absolución, en caso de no poderse probar los delitos imputados.
También podría haber otras derivaciones que surjan de los posibles testimonios del juicio. Por caso, el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, ha sostenido públicamente que su cliente ha sido "víctima" y que en las irregularidades investigadas cabría involucrar también al ex titular provincial del IPV, Ricardo Trovant (quien actuó como denunciante del caso).
