Electroingeniería está cerca de quedarse afuera del multimillonario contrato para la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Se trata de la promesa energética de Cristina Kirchner y a la que -con modificaciones en costos y estructura- dio continuidad el gobierno de Mauricio Macri, pero que en medio de la causa de los cuadernos de la corrupción quedó salpicada por la detención de Gerardo Ferreyra, una de las principales autoridades de Electroingeniería.
La empresa integra el consorcio que está a cargo de la obra presupuestada en más de 4.000 millones de dólares. Mientras en la firma sostienen que "nada debería verse alterado", este jueves una delegación china se reunirá con el ministro de Energía Javier Iguacel y desde la Casa Rosada esperan que la firma argentina "se retire de la obra".
Cuando estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, Iguacel mantuvo una reunión con el embajador de China, con un pedido explícito: que la empresa local salga del consorcio porque está "sospechada de corrupción".
La obra de las represas, que busca generar durante toda su construcción 5.000 puestos de trabajo, cuenta con un presupuesto de 4.730 millones de dólares. El 85% del financiamiento de la obra es chino. Ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del total nacional.
El proyecto que dejaron Cristina Kirchner y Julio De Vido fue reformulado por el ex ministro del área, Juan José Aranguren: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios.
La obra no quedó exenta de las sospechas de corrupción que recaen sobre Gerardo Ferreyra, detenido hace más de veinte días por orden del juez Claudio Bonadio en un expediente que investiga la ruta de sobornos que superarían los 200 millones de dólares. Al igual que Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, el empresario está acusado de ser parte de una asociación ilícita.
Ferreyra fue indagado pero rechazó las acusaciones en su contra, mientras que uno de sus directivos, Jorge Neyra admitió que la empresa realizó pagos de "fondos ilegales" al gobierno kirchnerista. Su confesión le permitió convertirse en imputado colaborador.
"Yo debo admitir que he estado con el señor Baratta en relación a los hechos de este expediente unas tres o cuatro veces, no más, y siempre a instancia y conocimiento del ingeniero Ferreyra. Gerardo Ferreyra me avisaba a mí que pasarían a buscar una carpeta con dinero, y el horario en el que lo harían y así yo asistía al lugar que me indicaba", confesó Neyra ante el fiscal Carlos Stornelli en una indagatoria que no fue muy extensa pero que le alcanzó para obtener su libertad.
Por este motivo, la Casa Rosada quiere a la empresa quede fuera de la obra de las represas. De conseguirlo, sería la primera compañía sospechada de corrupción que pierde contratos con el Estado.
