Este miércoles fue el segundo día de protesta de los choferes de colectivos de empresas de turismo, que cortaron el tránsito en la avenida 9 de Julio a la altura de Constitución.
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La medida comenzó el martes a la madrugada. Los coches se ubicaron sobre la avenida San Juan, entre Lima y Bernardo de Irigoyen, y en la 9 de Julio y San Juan sentido Sur. Además bloquearon los ingresos a la Autopista 9 de Julio sur y a la Autopista 25 de mayo desde la 9 de Julio.
La circulación por la zona fue reducida por el corte parcial, que mantuvo reducido a tan solo dos carriles las avenidas San Juan y 9 de Julio.
Los trabajadores reclamaron poder volver a trabajar con un aforo del 30% como se permitió a otras actividades, y que se legalicen los tours de compras del interior.
Uno de los choferes, Ariel Porciel, dijo a El Destape que también reclaman la extensión por dos años de la prórroga de vencimiento de los vehículos para el transporte turístico. Piden también ayuda económica estatal para afrontar la parálisis de la actividad por las restricciones de la pandemia.
Según publica Clarín, la caída de esta actividad afecta a 1.250.000 familias de choferes, mecánicos, auxiliares, trabajadores de agencias de turismo, y otros trabajadores. Al ser consultado hasta cuando mantendrán la protesta, respondió: “Hasta que nos den una respuesta”.
El antecedente
Hace aproximadamente un mes, estos trabajadores montaron un reclamo similar, que se extendió por tres días, cuando el Gobierno nacional se comprometió a dar soluciones que no llegaron.
Ahora, con la flexibilización del confinamiento estricto, los transportistas piden autorización para operar con un aforo del 30%.
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En mayo, tras ese primer reclamo, el ministro de Transporte Alexis Guerrera se reunió con alrededor de 80 dueños de los ómnibus de larga distancia, que le exigieron ayuda. En ese encuentro se buscó acordar un auxilio financiero para el sector.
Tras esa reunión, y una previa que habían mantenido con el ministro de Turismo Matías Lammens, gran parte de las empresas ingresaron en el programa de asistencia llamado REPRO II, que les otorga 18.000 pesos por cada trabajador.
