Martilleros nucleados en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) aseguraron hoy que el proyecto de ley de alquileres que carga a los propietarios los gastos de comisión y de estudio de la garantía y que se espera sea aprobado el jueves en la Legislatura porteña, reducirá 50 por ciento sus ingresos e impactará en el aumento de precios.
En una solicitada publicada hoy en varios diarios, el CUCICBA consideró que la "norma es injusta y arbitaria" y que tendrá como consecuencias "el cierre de inmobiliarias", "el incremento de alquiler, por cuento los propietarios, que deberán abonar el costo de intermediación, ya han manifestado que lo trasladarán a los precios", y "la intervención de otros profesionales, que no tienen cercenado su derecho a percibir honorarios de las partes involucradas".
El proyecto de ley, presentado en julio de este año por el Ejecutivo porteño y que podría ser aprobado definitivamente este jueves en la Legislatura porteña, establece que la comisión debe ser abonada por el propietario del inmueble que, a su vez, no puede pagar más de 4,15 por ciento del valor del contrato, lo que equivale alrededor de un mes de alquiler.
Además, el propietario deberá abonar los estudios del título de la propiedad y de las personas que se presenten en garantía.
"Hasta el momento, el inquilino abonaba el 4,15 por ciento y el propietario pagaba la mitad o el 4,15 también dependiendo del acuerdo. Como la ley fija que no se puede cobrar más del 4,15 total, esto implicará una reducción del 50 por ciento de los ingresos de las inmobiliarias", indicó a Radio Continental Héctor D'Odórico, presidente del CUCICBA.
El empresario sostuvo que, de aprobarse, la iniciativa derivará en "un traslado al precio locativo, por ejemplo un alquiler de 7.000 va a pasar a 7.500 pesos porque el propietario va a querer recuperar eso que pagó. Entonces esta ley no resuelve el problema porque no es una reforma integral de la ley de alquileres".
D'Odórico advirtió, además, que "esto se va a judicializar si sale como está redactada", es decir si es aprobada el jueves sin modificaciones.
Además de reducir los costos para comenzar a alquilar, con el pago de la comisión por parte del dueño del inmueble, la propuesta del Ejecutivo fija la obligación de publicar los derechos que asisten a los inquilinos y propietarios en los sitios de Internet que divulgan viviendas en alquiler.
En su momento, la organización Inquilinos Agrupados (IA), que busca proteger a nivel nacional los derechos de las personas que alquilan, celebró la presentación de este proyecto de ley y apuntó que el propietario debe pagar la comisión porque es él quien solicita los servicios inmobiliarios.
En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció la puesta en marcha de una mesa de trabajo que involucre a propietarios, asociaciones de inquilinos, inmobiliarias y funcionarios para buscar caminos que faciliten el acceso a una garantía, lo que consideró "la principal barrera de entrada" para alquilar, y la discusión de incentivos para promover que los dueños quieran ocupar sus inmuebles vacíos.
Además, desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad habían adelantado la puesta en marcha de una línea de asesoría legal gratuita para inquilinos y dueños que "necesiten conocer sus derechos ante cualquier inconveniente".
Según el Centro de Economía Política (CEPA) "la proporción de inquilinos se incrementó hasta contabilizar casi un 38 por ciento de los hogares porteños en 2016", lo que implicaría a más de un millón de personas.
