Una mujer de 95 años que contrajo coronavirus en un geriátrico del barrio porteño de Belgrano murió este miércoles, con lo que aumentó a cinco la cantidad de fallecidos tras contagiarse en el establecimiento que fue evacuado y clausurado por las autoridades la semana pasada.
"Falleció este mediodía otra mujer de 95 años, me acaba de avisar la familia", dijo Ignacio Trimarco, abogado de un grupo de familiares de varios adultos que residían en el geriátrico Apart Incas ubicado en avenida Los Incas 3093, el que fue clausurado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus.
El letrado afirmó a Télam que "la causa judicial empezó por un abandono de persona, pero ahora es abandono de persona seguido de muerte ya reiterado en 5 hechos y por eso pedimos la detención de los dos dueños y de la directora médica del lugar".
Los pedidos de detención fueron formulados ante la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la ciudad de Buenos Aires, a quien también le plantearon que el caso debe pasar al fuero federal.
Fuentes judiciales informaron que en la noche de ayer se presentó un abogado en representación de los dueños del geriátrico, Hugo Eduardo Visca y Luís Daniel Megyes, y también en representación de una médica que estaba a cargo de la institución.
El deceso de esta mujer de 95 años se sumó al de un hombre de 86 años ocurrido a última hora de anoche, al de otra anciana de 92 años que falleció en la madrugada del martes y al de una mujer de 89 años el jueves pasado.
Trimarco señaló que fueron 25 los residentes en el geriátrico internados en distintos centros de salud tras la evacuación del SAME y que aún quedan 21 adultos mayores en esa situación. Además, aseguró que muchas de esas personas pedecían alzheimer o parkinson, y ratificó que los decesos se debieron al coronavirus.
"Hay dos personas que están en estado de sedación, en situación crítica e irreversible, esperando el desenlace", dijo el abogado. Por otra parte, contó que están solicitando una "excepción de incompetencia", para que deje de intervenir la Ciudad de Buenos Aires y pase a hacerlo la Justicia Federal porque, según explicó Trimarco, el bien jurídico tutelado es la salud pública, y este campo le compete al ámbito federal.
El pedido de cambio de fuero tiene que ver con que, para la querella, los acusados deben ser juzgados por haber cometido los delitos previstos en el artículo 205 del código penal, que establece penas de prisión de seis meses a dos años para "el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
En la misma línea, Tirmarco expresó que -a su modo de ver- la justicia de la ciudad "viene haciendo las cosas bastante poco ajustadas a derecho, tomando testimoniales telefónicamente sin corroborar la identidad de las personas y realizando allanamientos sin testigos".
Y agregó que "la fiscalía de la Ciudad no contestó ninguna de las presentaciones, las contesta el juzgado pero la causa está delegada a la fiscalía", por lo tanto "estoy analizando que si no tenemos ningún tipo de respuesta iniciaremos una causa por mal desempeño".
También aseveró que "si no se ajusten a derecho y esto no se corrige, entendemos que habrá un incumplimiento de funcionarios públicos y así lo denunciaremos".
Respecto a la institución geriátrica, contó que las autoridades pretendieron justificar el "irresponsable accionar" con el argumento de que "estamos aprendiendo con esto", pero que por "sus actos inconscientes, encubriendo que había personal trabajando con síntomas, entre pacientes y personal de salud, hay más de 30 contagiados".
