La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se suma a la larga lista de personas y organizaciones que realizaron acciones de amparo rechazando las últimas medidas impuestas por Alberto Fernández, en el marco de la segunda ola de la pandemia.
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El escrito de Bullrich, que será presentando este lunes, apunta al decreto desde diversos frentes. En primer lugar, niega que el Poder Ejecutivo pueda dictar un DNU para esos fines, porque el art. 99 de la Constitución establece esa herramienta sólo para los casos en los que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”; es decir, la intervención del Congreso.
“El Congreso sesionó aún durante la Semana Santa y la Pascua Judía para sancionar una reforma al impuesto a las ganancias. Nada hubiera impedido que lo hiciera también para esta materia”, refiere Bullrich. Aunque señala que tampoco una ley del Congreso podría avanzar “sobre garantías constitucionales”, como el derecho a transitar, el derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita, el derecho a enseñar y aprender o a ejercer libremente su culto.
Reconoce que, en su momento, los primeros decretos fueron aceptados a la serie de imprevistos que suponía la situación: el Gobierno “necesitaba preparar el sistema sanitario e inmunizar a la población con vacunas”, que todavía no existían, aclara. Sin embargo, dice que ahora las vacunas están pero que el Gobierno no las ha adquirido, “en algunos casos, por motivos sospechosos”, subraya. En este aspecto, destaca el avance de otros países, mientras que en Argentina “se busca suplir la inacción con nuevas medidas de encierro”.
La exministra entiende que sólo podrían llevarse adelante las medidas del DNU si se declarara un Estado de Sitio, con intervención del Congreso, pero que para eso “tendría que existir una situación de conmoción interior, que en la Argentina no hay”. “No existe agitación, no está demostrado que las fuerzas del orden hayan sido desbordadas y, por otro lado, el público ha cumplido de una manera ejemplar con los protocolos establecidos por el Gobierno”, subraya.
El amparo habla, asimismo, que con la limitación de las 19 h se incurre en la violación del derecho a trabajar. “En el caso de los restaurantes, por ejemplo, esa medida les priva de la totalidad de su clientela nocturna, que es la que mayores ingresos les reporta. En el supuesto de los supermercados, la reducción horaria únicamente conseguirá que se aglutine un volumen mayor de público en una franja de tiempo más reducida”, explica.
Trabajo, educación y religión
En relación al trabajo, Bullrich detalla que en ya se perdieron más de dos millones de puestos y que el Poder Ejecutivo no puede, “en forma desaprensiva e irresponsable”, clausurar actividades a las que les atribuye los aumentos de casos sin pruebas científicas que lo demuestren.
“Parece evidente que a la autoridad nacional le resulta demasiado fácil arruinar la vida ajena con unas pocas firmas. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, porque cuando algo así ocurre, es una señal de que el pueblo está inerme frente al despotismo del poder exacerbado y fuera de órbita”, enfatiza.
El principal argumento al que se refiere la presidenta del PRO habla de una “incursión inconstitucional del Poder Ejecutivo” en materias que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le han delegado y que, por tanto, conservan para sí, tales como los horarios de las industrias y comercios, la forma en la que deben atender al público o la organización de la escolaridad. “Todas esas son cuestiones que, de acuerdo con la Constitución, deben ser reguladas por las provincias o los municipios, cuya autonomía, también asegurada por la Constitución, se está avasallando”, indica.
Lo mismo sucede, asegura, con la continuidad de las clases presenciales: también ese caso es asunto propio de la regulación de las provincias y de la Ciudad.
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Agrega que los protocolos en las aulas se estaban cumpliendo al pie de la letra y que la propia Organización Mundial de la Salud recomendó continuar con las clases presenciales, ya que estas “no son responsables de los contagios”.
También en el amparo se menciona el ejercicio de actividades religiosas: “Se priva a las personas de un derecho esencial que es el de ejercer libremente su culto”, enfatiza.
Para cerrar el escrito, Bullrich acudió a algunos párrafos de “La peste”, obra de Albert Camus, sobre los que reflexionó: “La conclusión que surge de la novela es que los efectos del autoritarismo eran la verdadera peste que aplastaba a los pobladores”.
El amparo demanda, además, una medida cautelar a fin de que, mientras se dirime la cuestión de fondo, la Justicia suspenda la aplicación del DNU 241/21.
