La polémica por el cierre de las escuelas que enfrenta al Gobierno nacional y al de la Ciudad podría quedar en manos de la Corte Suprema. Así lo determinó la Procuración General de la Nación que, mediante un escrito, consideró este viernes que las diferencias referidas entre ambas jurisdicciones son “competencia originaria del máximo tribunal”.

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De esta manera, la Corte Suprema puede resolver el planteo efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad de las clases. La procuradora Laura Monti fue la encargada de firmar el dictamen.

Ahora será la propia Corte Suprema quien deberá resolver si le da o no lugar al reclamo. El pedido sugiere expresamente la suspensión de la vigencia del Decreto presidencial -mediante una medida cautelar- que contempla el cierre de las escuelas porteñas y del Gran Buenos Aires por dos semanas. También que se ordene al Estado Nacional abstenerse, “hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier conducta que implique ejecutar la norma cuestión”.

Para su solicitud, la Ciudad consideró tres puntos: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -”la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad -”la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.

Dado que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por la Constitución Nacional, “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia por parte de la Corte”, consideró la procuradora.

Para la Ciudad, el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández “viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías de las provincias mientras estas aseguren la educación primaria, y garantiza y establece específicamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. Así quedó manifestado en el escrito firmado por el procurador general de esa jurisdicción, Gabriel Astarloa.

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Asimismo, agregan que el decreto “no presenta ninguna prueba o estudio para justificar la decisión adoptada con relación a un territorio que, si bien es la sede del Gobierno federal, tiene en materia de salud y educación sus propias facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera arbitraria e injustificada”. De esta manera, consideran al documento “inconstitucional”.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales”, subrayó Monti, de modo que cuenta con “el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Este viernes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó que harán “lo imposible para garantizar la continuidad de las clases el día lunes”. Por su lado, en la Casa Rosada ratificaron la decisión de suspender la presencialidad por quince días.