El debate en torno al proyecto que impulsó el Gobierno nacional para establecer la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) continuaba este miércoles en las comisiones de la Cámara de Diputados, en donde exponían especialistas en el ámbito constitucional, referentes feministas y representantes religiosos, entre otros.
En otra reunión virtual de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres, que intervienen en el tratamiento, se escucharon posiciones a favor y en contra de la legalización del aborto.
Expresaron sus posturas respecto a la iniciativa oficial el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la abogada magíster en género Soledad Deza, el doctor en ciencias jurídicas y especialista en bioética Nicolás Laferriere, y el presidente del Centro Islámico de la República Argentina, Aníbal Bakir. Todos ellos, además respondieron consultas de los legisladores.
“Celebro este proyecto histórico que busca saldar una deuda democrática y también histórica”, planteó Deza, quien abrió las presentaciones y se centró en cuestionar la objeción de conciencia, uno de los recursos a los que apelan quienes se oponen a la legalización del aborto.
Al respecto, la abogada y referente del movimiento feminista consideró que esa es una “herramienta política que hizo y hace mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para el otro lado”.
Deza apeló a que en el Congreso se evalúen e incluyan en el proyecto oficial criterios para “limitar que jefes y jefas de servicio (de salud) no puedan ser objetores de conciencia” y garantizar así la asistencia de aquellas mujeres que busquen interrumpir un embarazo.
“El problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud y buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual”, sentenció.
Luego, fue el turno de Laferriere, quien planteó tres críticas contra la propuesta que impulsó la Casa Rosada. El letrado apuntó contra las irregularidades vinculadas con “los cuatro momentos en los que empieza la vida”, dijo que “el proyecto impone el aborto” y alertó por el “aborto sistemático de personas con discapacidad”.
“De aprobarse estas leyes, habrá en nuestro sistema legal cuatro momentos en los que empieza la vida: la concepción, que es el momento tradicional que figura en muchas normas y en el bloque de constitucionalidad; la semana 12, que es el momento en el que empiezan a pagar al Asignación por Embarazo; la semana 14, que es el plazo en el que aborto será legal sin causales, y el nacimiento, en el que será legal por causales, causales que por otra parte son de una inusitada amplitud”, cuestionó.
Para Laferriere, “todo ello configura una inadmisible discriminación legal entre niños” porque, explicó, “algunos tienen derecho a la vida, a recibir alimentos, a recibir ayudas sociales, a ser reconocidos, a su identidad, a heredar, mientras que otros serán descartados por ser no deseados”.
En tanto, el reconocido constitucionalista Gil Domínguez agregó que “es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto” porque “si no lo hace, está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres, y de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”.
“Desde la perspectiva convencional, la aprobación del presente proyecto lo que hace es cumplir con obligaciones internacionales y ejercer el control de convencionalidad interno que el Congreso está obligado, frente a los tratados de los derechos humanos y del artículo 75, inciso 22 de la Constitución”, puntualizó.
Gil Domínguez señaló además que el actual sistema de penalización del aborto “lo que se está castigando penalmente es que una mujer quiera seguir con su posición de mujer y no la obliguen a transformarse en posición de madre”.
“Lo que se está castigando es el goce de la mujer a través de la expropiación del cuerpo de las mujeres gestantes”, describió.
Y Bakir describió cuáles son los criterios del Centro Islámico de la República Argentina en torno a las discusión.
“Hasta los cuatro meses de embarazo el aborto es lícito si la continuación de la gestación afecta la salud de la madre, aún de manera presumible; si el feto padece de una malformación congénita importante e incurable; si el embarazo es producto de una violación. Desde los cuatro meses hasta el momento del parto, abortar será ilícito si la continuación del embarazo afecta gravemente a la salud de la madre, en todo caso la decisión estará en manos del cuerpo médico y de ambos padres, y la sentencia de quienes cometan aborto ilícito será responsabilidad y competencia de las autoridades judiciales del lugar”, repasó.
A partir de las 14 y hasta las 19, participarán del debate Miriam Andújar, Jorge Aquino, Paola Bergallo, Myriam Bregman, Margarita Bosch, Carolina Comalera, Siro de Martini, María De Urraza, Segolene Du Closel, Magui Fernández Valdéz, Pablo Garat, Natalia Gherardi, Marisa Herrera, Diana Maffía, Cecilia Ousset, Débora Rainieri, Gisela Reynaga, Sonia Terragona y Fernando Toller.
El lunes, al inicio del debate, funcionarios del Gobierno nacional remarcaron en el Congreso la importancia del proyecto de IVE en cuanto a que busca solucionar un problema de salud pública que existe en la Argentina y que padecen, en especial, las mujeres más jóvenes y de sectores más vulnerables.
Los ministros de Salud, Ginés González García; de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, expusieron en el primer tramo del plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Mujer y Diversidades, y Legislación Penal.
Tras las declaraciones de los funcionarios, una veintena de expositores especializados en el derecho y medicina, y referentes de organizaciones sociales y religiosas dieron su visión -como lo hicieron hace dos años- sobre el proyecto de IVE.
