Con apoyo del PRO, el radicalismo impulsa una iniciativa para exigir a todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación y las provincias que paguen el impuesto a las Ganancias, con lo que el fisco podría recaudar unos 7.337 millones de pesos para financiarse.
La iniciativa, impulsada por el Comité Nacional de la UCR, estaba siendo firmada este miércoles por los diputados radicales, tras mantener un diálogo con el presidente del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot.
La idea está en el oficialismo desde que empezó la discusión del Presupuesto. Pero fue el Comité Nacional de la UCR el que decidió darle un mayor impulso, de la mano del presidente del partido, Alfredo Cornejo y otros integrantes como Gerardo Morales, Federico Storani, Ricardo Colombi y José Cano, además de Borsani.
Con dos gobernadores oficialistas en la mesa de construcción de esta iniciativa, el radicalismo tomó nota de un planteo de los mandatarios provinciales peronistas, que hace dos meses plantearon la necesidad de que el Poder Judicial pague Ganancias sin excepciones para ayudar a amortiguar el impacto del ajuste fiscal promovido por Cambiemos.
El diputado radical por Mendoza Luis Borsani, uno de los impulsores de la iniciativa, aseguró a este medio que "hay consenso social" sobre la idea de que la carga impositiva "sea más equitativa" y que implique a todos los sectores del Estado. Ahora, el objetivo es terminar de cerrar el acuerdo político.
El proyecto de Resolución pide al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, incorporar al Presupuesto General 2019, la sustitución del Artículo 79, Inciso “A”, de la Ley Nacional 20.628.
Ese inciso estipula la carga de Ganancias para los empleados de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero ahora el radicalismo busca que se sume a los funcionarios del Poder Judicial, actualmente exentos.
"Acá lo importante es que todos contribuyan parejo. Que el esfuerzo sea compartido, entre los ciudadanos que pagan Ganancias y los funcionarios del Estado. Según estimaciones del ministerio de Hacienda, los empleados judiciales podrían colaborar con 7.337 millones de pesos por año", dijo Borsani a este medio.
La medida empezaría a regir a partir de la sanción, por lo que no será retroactiva. “Buscamos cumplir con el principio de la igualdad en las cargas públicas y los tributos”, agregó el diputado mendocino.
Ahora, la UCR y el PRO buscarán "el mejor momento para aprobar la iniciativa". La aspiración radical es que esto sea incluido en el Presupuesto 2019. O, en última instancia, que la resolución se convierta en un proyecto de Ley por separado.
Actualmente está vigente la denominada "Ley Massot", la 27.346, que desde diciembre de 2016 exige el pago de Ganancias a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, pero sólo cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de enero de 2017.
"Todavía no hemos dialogado con la oposición, pero creo que va a haber acompañamiento. Más allá de lo político, está lo social: las organizaciones sociales y la gente en general ve bien esta iniciativa", consideró Borsani.
En el ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne realizaron estimaciones que fueron tomadas en cuenta por la UCR. La exención de Ganancias de la que gozan jueces y empleados judiciales le impide al Estado recaudar 7.337 millones en 2018.
Ese monto asciende a 9.854 millones de pesos para 2019, según las proyecciones del mismo Gobierno, casi el equivalente a los 10.166 millones de pesos que se prevén para gastos de capital en Educación.
Actualmente el Poder Judicial no paga Ganancias por una Acordada (20/1996) de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esa decisión, los jueces de la "Corte menemista" entendieron que "la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial de la Nación".
Pero para el radicalismo, dijo Borsani, este hecho sí constituye un “privilegio” que debería ver su final. “Esto le va a hacer bien también al Poder Judicial frente a la sociedad, va a mejorar su imagen y dará una idea de mayor igualdad y equidad, además de que se está en un momento en el que el país necesita que todos los sectores aporten”, dijo el diputado.
