Los datos indican que en el Servicio Penitenciario Provincial, tiene 1.600 internos empleados en los talleres de la cárcel, en las laborales internas de mantenimiento y limpieza y en empresas privadas con producción en los establecimientos penales. Todos reciben una paga muy lejos de un salario normal.
Otros 2.052 estudian: el 43% de ellos están en la escuela primaria. El resto en la secundaria, algún tipo de capacitación laboral y una minoría en la universidad.
La necesidad de que los presos trabajen fue uno de los debates públicos que instaló la semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo.
El mandatario quiere que del primero al último realice una labor para costear con su trabajo lo que el Estado gasta en su manutención.