Para poder seguir votando leyes en pleno aislamiento, el oficialismo y la oposición habían acordado en el Senado un reglamento de sesiones por internet que establece compromiso básico: tratar únicamente asuntos relacionados con la emergencia sanitaria y/o proyectos del Poder Ejecutivo.
Juntos por el Cambio (JPC) y el interbloque Parlamentario Federal (PF) acusaron al Frente de Todos (FDT) y a su jefa, la vicepresidenta Cristina Kirchner, de violar ese acuerdo. Y este jueves, en la cuarta sesión virtual de la historia, se pudrió todo.
En protesta por esa "falta de códigos" que atribuyeron a sus colegas del oficialismo, los senadores de este nuevo frente opositor, surgido en los últimos días y que agrupa a 29 de los 72 miembros del cuerpo, se retiraron de la sesión (se desconectaron).
Así dejaron al oficialismo y sus dos aliados opositores —la misionera Magdalena Solari y el rionegrino Alberto Weretilneck— debatiendo en soledad los dos últimos proyectos del temario, que JPC y PF señalaron que no tenían relación alguna con la pandemia.
El proyecto convertido en ley por unanimidad, con el apoyo del frente opositor que después se fue, es el que instaura la Educación a Distancia transitoria para todos los niveles de educación, en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
En cambio, la ley de alquileres y la media sanción a la suspensión por seis meses de la creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), instituidas por ley durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron también aprobadas por unanimidad pero sin la presencia del frente opositor sino solo por el FDT y sus aliados.
Durante toda la jornada se produjeron acusaciones y hubo momentos de tensión.
Todo comenzó pasada las 3 de la tarde, cuando la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) planteó una cuestión de privilegio contra Cristina y el jefe del bloque del FDT, el formoseño José Mayans, por violar el acuerdo para las sesiones virtuales.
En este sentido, dijo que el proyecto de ley del neuquino Oscar Parrilli para suspender la SAS "nada tiene que ver con la lucha contra la pandemia", "perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50 mil puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad".
Cristina Kirchner no respondió a las palabras de Rodríguez Machado (en verdad, no tiene permitido hacerlo porque forma parte del Poder Ejecutivo) y directamente ordenó continuar la sesión, pese al pedido de retirar del temario los asuntos que no tuvieran que ver con la emergencia sanitaria.
Más voces
"No respetar lo que se acuerda, las formas de actuar y de tratar a la oposición, es herir de muerte a la democracia. Si creen que porque tienen los votos tienen derecho a hacer lo que quieran, se equivocan", dijo a su turno la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, que en las anteriores sesiones había protagonizado insólitos duelos lingüísticos con Cristina sobre el uso de las palabras "presidente" y "presidenta".
El senador chubutense Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, justificó el tratamiento de asuntos por fuera de lo convenido: "No nos podemos ajustar solamente a algunas cuestiones, porque todos los temas están atravesados por la pandemia", argumentó.
Más dura fue después de la kirchnerista santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien tras lamentar que la oposición se hubiera retirado de la sesión cuestionó los cacerolazos y las protestas, como la de Santa Fe, en contra de la expropiación de Vicentin, porque a su juicio reflejan "un furioso antiperonismo y furioso un antipueblo".
También defendió el accionar oficialista la rionegrina Silvina García Larraburu, quien señaló que la ley de Alquileres "fue cajoneada durante toda la gestión del expresidente [Mauricio Macri]".
Sin embargo, la iniciativa había obtenido la media sanción en noviembre, cuando aún gobernaba Macri, y el texto que convirtió en ley el Senado es una iniciativa impulsada por los diputados de Cambiemos, en acuerdo con los del Frente Renovador y el Frente para la Victoria.
Mayans, al final de la sesión, dijo: "Se enojan porque trabajamos".
Sin acuerdo, no hay Rafecas
El jefe del interbloque JPC, el radical formoseño Luis Naidenoff, confirmó después que la unidad de la oposición en el Senado llegó para quedarse: "Vamos a trabajar para que los dos tercios sean una defensa institucional de todos los argentinos", dijo, y de esa forma anticipó que será imposible para el oficialismo, en estas circunstancias, lograr que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo jefe de los fiscales federales, tal como lo propuso el presidente Alberto Fernández.
También cuestionó al oficialismo Juan Carlos Romero, jefe del otro interbloque opositor, PF, que integra junto con el santafesino Carlos Reutemann, la riojana Clara Vega y la neuquina Lucila Crexell: "En julio debe renovarse, si no hay reuniones presenciales, el acuerdo entre los bloques [para las sesiones virtuales]. Habiendo consenso, todo es posible. Ante la imposición es más difícil cerrar la grieta", afirmó.
El salteño fue aún más duro después: "Las elecciones ganadas no son un boleto para el todo vale. Imponer, intervenir, arrasar con las formas democráticas no es lo correcto. Ser mayoría no es ser dueño. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. La sociedad reacciona y reaccionará de alguna manera", señaló y agregó: "La sociedad no aceptará que el espíritu revanchista y el enfrentamiento permanente se impongan a la idea de un país que respete las instituciones, las normas, la Constitución y la división de poderes".
