La semana que viene Cristóbal López podría quedar en libertad. El jueves se realizará una audiencia, convocada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, en la que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolverán si el empresario cercano al kirchnerismo saldrá de la cárcel o seguirá preso en el marco de la investigación por un supuesto fraude a la obra pública por los llamados cuadernos de las coimas.
El juez federal Claudio Bonadio se opone a la excarcelación de López y de su socio, Fabián de Sousa, pero el fiscal Carlos Stornelli dictaminó a favor de conceder este beneficio. Es el dilema que resolverá este tribunal de segunda instancia.
Bruglia y Bertuzzi escucharán los argumentos de las defensas, que vienen solicitando la libertad que fue negada por Bonadio en primera instancia.
López y De Sousa están detenidos con prisión preventiva desde el año pasado, por la causa del no pago de 8 mil millones de pesos en el impuesto a la transferencia de combustibles de la empresa Oil Combustibles.
Pero su situación se agravó después de que Bonadio los procesara con prisión preventiva en otras dos investigaciones: una, la de los cuadernos, y la otra, por presunto lavado de dinero, que es un desprendimiento de la primera.
Ambos empresarios ya fueron beneficiados con la excarcelación dictada por el Tribunal Oral Federal 3 en la causa Oil Combustibles, pero debieron continuar en prisión como consecuencia del procesamiento con prisión preventiva que había dictado Bonadio por la causa de los cuadernos.
El rechazo a liberar a López "es fruto de un notorio acto de arbitrariedad judicial que carece de aptitud como acto jurisdiccional válido", sostuvo el abogado del empresario, Fabián Lértora, al presentar su apelación.
Racha positiva
Hace dos semanas, López y Fabián De Sousa fueron sobreseídos en la causa de la presunta venta irregular del grupo Indalo, cuando al parecer estaban imposibilitados de hacer esa operación porque sobre la compañía pesaba un embargo y una inhibición general de bienes.
En su fallo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti entendió que no existió tal venta y por eso los sobreseyó.
Tanto López como De Sousa y el exjefe de la AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray son juzgados por el Tribunal Oral Federal Número 3 por no haber pagado al organismo fiscal una deuda de más de 8.000 millones de pesos relacionada con impuestos a los combustibles.
A fines de diciembre de 2017, el juez Julian Ercolini había procesado a López, De Sousa y Echegaray por defraudación al Estado y ordenó las detenciones de los empresarios. El magistrado interpretó que intentaron engañar a la justicia y abrió una investigación penal para determinar si existió una venta de acciones de empresas del grupo Indalo al grupo Ceibo, cuya titularidad era de Rosner y Dellatorre Balestra, cuando existía una expresa inhibición general de bienes que lo impedía.
Pero ahora, para la jueza Capuchetti, "nada de ello ha sucedido, ni se indujo a error ni se transfirieron acciones inhibidas", y en consecuencia, no hubo por parte de los acusados "un intento de burlar la acción de la justicia" y que, en definitiva, "la venta no se produjo".
Por la Corresponsalía de Buenos Aires
