El fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, llevará a juicio al intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, por la forma en que concretó el alquiler del predio donde funciona el basural, y el modo en que gestionó la disposición de los residuos de la ciudad.
Cabe recordar que Mendiolaza tuvo una gran proliferación de alacranes que acechaban a sus habitantes, sobre todo en la zona de barrio El Talar, colidante a la ruta E-53.
Según especialistas, la existencia de árboles siempreverdes colindantes al terreno donde se dispuso el funcionamiento del basural, constituyó una barrera natural a los predadores de los escorpiones, por lo cual se reprodujeron sin control.
Por lo cual, se considera que no existió una evaluación apropiada para activar el predio escogido como depósito de basura, como tampoco se contempló las consecuencias de su ubicación.
El fiscal Anticorrupción, en su resolución, consideró que Salibi incurrió en el delito de abuso de autoridad y debe ser juzgado por ello. La defensa del jefe comunal puede apelar esta resolución.
Sin embargo, Bornancini fundamentó que hubo incumplimiento del proceso administrativo para realizar el contrato de alquiler del predio y la utilización del terreno para un basural sin tramitar previamente la autorización ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En el primer caso, Salibi obvió el procedimiento que le fijan las ordenanzas administrativas, y en el segundo, las leyes provinciales y nacionales referidas al ambiente y a la gestión de residuos sólidos.
¿Cómo fue el contrato del predio?
Salibi efectuó un contrato de locación con el titular de un predio ubicado en barrio El Talar, cuya vigencia se extendió desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, por un monto total de 432 mil pesos.
El papeleo del terreno, que tiene una extensión de 17.700 metros cuadrados, se realizó de manera directa, y obviando el Régimen de Contrataciones de Mendiolaza.
Según se había especificado, el predio estaba destinado a la instalación de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos y depósito y tratamiento de poda y residuos verdes.
Faltas
Bornancini observó que el intendente "omitió dolosamente dar cumplimiento a la legislación nacional y provincial cuya aplicación le incumbía, ya que no presentó el aviso del proyecto ni inició ningún tipo de actuación administrativa en forma previa a la suscripción del contrato de locación ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, a los fines de obtener la correspondiente licencia ambiental".
A su vez, el fiscal consideró la omisión de la evaluación del impacto en la salud humana y el ambiente.
"Sin ingresar al análisis de la situación ambiental actual, cuestión discutida en la acción en trámite en el fuero civil no escapa al suscripto la afectación a la calidad de vida de los vecinos de la zona, dado a que se han incorporado testimoniales e informes, e incluso copias de constancias médicas, que dan cuenta de ello, y que motivaron la declaración de emergencia sanitaria y ambiental en la ciudad. Ello lleva al suscripto a concluir la importancia que el acabado cumplimiento de la normativa ambiental y de residuos sólidos urbanos tiene para la salud y para la calidad de vida de la población", susbrayó Bornancini.
Defensa de Salibi
Para defenderse de las imputaciones, Salibi aseguró que sus intenciones fueron las de regularizar una situación, que actualmente el predio está remediado gracias al aporte de recursos del Ministerio de Gobierno. Y que por consiguiente se logró la disminución de alacranes en la zona afectada.
