Empleados de IPROSS imputados por malversación de fondos

Luego de realizar una auditoría en la obra social de Río Negro se registró un faltante por casi 600 mil pesos.

Ministerio Público Fiscal.
Ministerio Público Fiscal.

Imputaron a cuatro empleados de IPROSS por malversación de fondos públicos en Viedma. Los hechos se produjeron entre agosto de 2015 y febrero del 2016, tres hombres que trabajaban en el sector de cajas aprovechaban cada vez que la delegado no controlaba para no hacer rendiciones mensuales y quedarse con parte de los depósitos recaudados.

Los cajeros de la obra social "omitieron realizar las rendiciones mensuales de lo recaudado, cuya percepción, rendición y depósito tenían a su cargo, sustrayendo así el monto total de $568.780,44", detallan desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

"Los hombres cobraban ese monto en concepto de prestaciones obligatorias, coseguros y cuotas voluntarias". Para poder llevar adelante esta acción, crearon una planilla de control diaria y omitían depositar algunas sumas de las recaudadas en la cuenta correspondiente del Banco Patagonia.

El fiscal Juan Pedro Peralta precisó que uno de los imputados "no depositó más de 452.161 mil pesos mientras los dos restantes no habrían devuelto montos ostensiblemente menores".

A este importe se le suman más de 70 mil pesos que no fueron depositados por ninguno de ellos, por lo cual no puede imputarse tal omisión a ninguno en particular. "Todos esos importes fueron sustraídos de la esfera pública y de la administración constituyendo los delitos de peculado del que serían autores los tres hombres y de Facilitación imprudente de sustracción de bienes públicos, imputado a la mujer (que se desempeñaba como delegada)".

Este delito saltó luego de que realizaran una auditoría en la obra social. El Juez Ignacio Gandolfi fue quien admitió los cargos y dispuso cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Y el Juez Gandolfi ordenó a los imputados ofrecer bienes para ser embargados por el 50 % del monto base del dinero sustraído, en el término de 10 días.