Tras la causa de corrupción de menores que trascendió en los medios las últimas semanas, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen imputó al legislador del FpV, Javier Iud y al intendente de San Antonio, Luis Ojeda, conjuntamente con otros tres sospechados, en perjuicio de una adolescente por hechos ocurridos en esa localidad marítima.
La decisión fue tomada ya que en la causa se registraron detalles de diferentes hechos entre el 2017 y el 2018, cuando la víctima del hecho, tenía 16 años.
Según informó Río Negro, una de las declaraciones por parte de la amiga de la víctima,confirmó que ella habría acompañado a la menor hasta el domicilio de Ojeda.
Manifestó también conocer contactos sexuales de la menor también con Iud. "¿Cómo lo sabe?", le consultó Néstor Torres, defensor del parlamentario y del jefe comunal. "Ella me lo contó, que lo hacía por dinero", respondió la amiga.
Por su parte, esta mañana la CTA de Río Negro, solicitó a través de un comunicado, la renuncia de ambos funcionarios ya que "pueden entorpecer la investigación".
"Se debe evitar que desde una posición de poder puedan obstruirse las investigaciones. Además, la afectación personal que en este momento padecen tanto el legislador como el Intendente, no garantiza que puedan ejercer plenamente y de manera eficaz sus funciones", indicó Rodolfo Aguiar, representante del gremio.
