El transporte público de pasajeros vive una situación de gran tensión ante la posibilidad de un paro por 72 horas, que podría darse esta semana, como consecuencia de un endurecimiento del conflicto entre empresarios y choferes por desacuerdos salariales.
La medida de fuerza a nivel nacional está relacionada a una recomposición salarial del 20% más una suma fija de $ 16.000 (en cuotas) que acordó UTA central con empresarios de algunos distritos, como Ciudad y Provincia de Buenos Aires, acuerdo al cual se fueron agregando otras provincias. Las diferencias en relación a esto motivaron, la semana pasada, que hubiera una huelga de choferes de 48 horas que afectó a varias provincias, entre ellas Santiago del Estero.
Jorge Pacheco, secretario general de UTA (Unión Tranviaria Automotor) en Santiago del Estero, explicó a Nuevo Diario que "hay una audiencia prevista para el jueves en la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, donde asistirán los representantes de UTA a nivel nacional, después de la cual se va a decidir como continuamos con el plan de lucha".
De producirse la medida de fuerza que en principio podría involucrar un paro por 72 horas, con todo el impacto que esto generaría en los usuarios, el delegado de UTA a nivel local, hizo una defensa sobre esta posible resolución: "La gente debe comprender también que lo que reclamamos es justo. Con la situación que está pasando el país, creo que todos lo deben entender. El paro es la única herramienta que nosotros tenemos para expresar nuestro reclamo e intentar ser escuchados".
Pacheco afirmó: "Nosotros estamos alineados a UTA nacional y lo que ellos decidan el jueves al mediodía o si se produce alguna disposición antes, lo acataremos".
La quita de subsidios hacia el sector es uno de los detonantes de la crisis El paro de colectivos urbanos en el interior del país se produjo por la confluencia de dos factores. Por un lado, el convenio colectivo de trabajo para el transporte urbano, que lo firman la Unión Transporte Automotor (UTA) y las cámaras empresarias con parámetros de la Ciudad de Buenos Aires para ser aplicado en todo el país. El otro factor es que a partir de 2019 se desactivó el mecanismo a través del cual el Gobierno nacional subsidiaba el boleto de colectivo en la región metropolitana y las provincias. Esto implica que mientras los salarios se fijan a nivel central, se pretende que el financiamiento tiene que ser resuelto a nivel local aplicando aumentos de tarifas, cambiando los servicios o con subsidios locales.
Hay indicios de que el Gobierno nacional le mantuvo a la región metropolitana el subsidio para financiar ese convenio colectivo potenciando el conflicto en el resto de las ciudades.
Jorge Pacheco explicó que se han mantenido reuniones con los empresarios locales, pero "las cosas están como al comienzo. Existe el diálogo, pero no hay ninguna oferta concreta".
También el dirigente gremial manifestó que "por el momento, existen reuniones pendientes a nivel local. Entendemos que la situación es difícil de afrontar para todos".
La situación del transporte público de pasajeros espera definiciones de un momento a otro.
