Fue presentada la denuncia penal al intendente de la ciudad de San Luis Sergio Tamayo para que se investigue el posible delito de “Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Publico , Malversación de Caudales Públicos y Falsedad Ideológica”.
La denuncia ante la justicia provincial de San Luis la hizo el concejal del Partido Avanzar (presidido por el senador Claudio Poggi) Guillermo Araujo. Lo que busca el edil municipal es que se investigue un convenio que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis firmó con la empresa distribuidora de Energía Eléctrica de San Luis Edesal donde se le reconoce una deuda por mas de $25.000.000.
El concejal puntano de la oposición Guillermo Araujo sostuvo que el intendente Sergio Tamayo actuó de forma “poco transparente, sin la debida publicidad, suscribiendo con una inusitada velocidad un convenio a toda costa y de manera totalmente abusiva, sin importar todas las infracciones y delitos que para su materialización se podrían haber incurrido en el camino, con total desprecio y prescindencia de las reglas de conductas a la que debe legalmente ceñirse. Circunstancia que encuadraría en los artículos 248 y 249 del Código Penal”.
En la denuncia penal se pide que se investigue no sólo al intendente Tamayo sino también a “funcionarios y demás personas que pudieren resultar autores o partícicpes de los posibles delitos”
El legislador promovió la investigación del convenio celebrado, que reconoce una deuda por más de $25 millones a favor de Edesal, y el proceso seguido para arribar al acuerdo. La acción alcanza al intendente, funcionarios y demás “personas que pudieren resultar autores o partícipes de los posibles delitos”.
La demanda se ubica en la obligación legal de los funcionarios públicos de denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Criminal de San Luis.
“La Ley de Régimen Municipal prohíbe a los intendentes transigir. Para ello necesita una autorización del Concejo Deliberante. La intervención de dicha institución debe ser anterior a la homologación judicial e incluso anterior a la firma del acuerdo, ya que una vez que se encuentre homologado cualquier intervención posterior del Concejo Deliberante devendría estéril e inocua dado la fuerza ejecutoria del mismo. Sin embargo, ello no purga la responsabilidad penal del funcionario actuante”, afirmó Araujo al diario El Chorrillero.
El legislador del partido Avanzar presentó un pedido de informes al Concejo Deliberante donde la respuesta fue muy demorada. Luego pidió el juicio político del intendente Tamayo pero quedó trunco cuando en una maniobra política hubo un acuerdo entre el oficialismo del Frente Unidad Justicialismo que responde a Tamayo acordó designar a un concejal radical como presidente del Concejo Deliberante partiendo en los hechos el frente opositor dentro del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis.
