Esta semana la Corte Suprema de Justicia decidió que sea el juez sanjuanino Alberto Benito Ortiz quien investigue a Hugo y Pablo Moyano por los bloqueos a varias caleras sanjuaninas en 2016. Estas protestas se habrían originado por una supuesta deuda de las empresas caleras para con el gremio de los camioneros por 457 millones de pesos.
La Corte entendió que la causa debía estar en manos del juzgado local. En un principio el titular del Primer Juzgado de Instrucción se había declarado incompetente, pero finalmente llevará a cabo la investigación después de que el máximo tribunal argumentara que mucho de los conflictos de registraron en la provincia de San Juan.
"Con arreglo a tal criterio, dado que la mayoría de los incidentes relatados tuvo lugar en la provincia de San Juan, en razón de encontrarse allí la mayor cantidad de plantas afectadas por las vías de hecho utilizadas por el sindicato, y teniendo en cuenta que las autoridades judiciales locales ya han prevenido en la investigación de varios de ellos, considero que corresponde al juzgado de San Juan continuar a cargo de la causa que originó la contienda", señaló Eduardo Casal, procurador general interino.
El caso que involucra a los hermanos Moyano salió a la luz en 2016. De acuerdo a la publicación de Tiempo de San Juan, las empresas Caleras San Juan, Albors, Cefas, Minera Tea y FGH SA denunciaron bloqueos a sus plantas en Sarmiento y Albardón durante el 26 y 29 de septiembre y entre el 17 y el 24 de octubre de ese año. La protesta fue comandada por el Sindicato de Choferes de Camiones, que exigía un pago millonario en concepto de ajustes salariales y aportes a la obra social.
Los empresarios locales desconocieron la deuda. Además señalaron que los camioneros trabajaban para firmas contratadas para el transporte y no eran empleados directos de las caleras. Si bien hubo una reunión en Capital Federal, la cual organizó el gobernador Sergio Uñac, no hubo un acuerdo y el caso terminó en una denuncia penal contra el gremio de los Moyano.
