Semanas atrás estalló la polémica en el municipio salteño de Cerrillos. La municipalidad, a cargo de la intendenta Yolanda Vega, improvisó un cementerio en el medio del pueblo para enterrar a personas fallecidas por COVID-19. Está cercado por lonas en un terreno expropiado que todavía está en proceso judicial y cerca de las viviendas.
El cementerio se armó sin un estudio de impacto ambiental y factibilidad previo mientras los vecinos se quejan por los olores nauseabundos. Cuentan, además, que el terreno se inunda. Al respecto, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, opinó que la finalidad del predio no era convertirse en un cementerio, y se refirió a los problemas de panificación e infraestructura que enfrentan no sólo Cerrillos sino también otros municipios.
"Vamos a pedir que la Municipalidad presente un plan de contingencia inmediata y un plan urbanístico a futuro"
"El cementerio no puede estar ahí. Tienen que buscar otro lugar", sentenció el funcionario provincial en una entrevista con El Tribuno. También adelantó que tomará medidas al respecto. "Vamos a pedir que la Municipalidad presente un plan de contingencia inmediata y un plan urbanístico a futuro. Es absolutamente indigna la situación para los vecinos que viven ahí", sentenció.
"Se precisa un espacio público para cementerio con la suficiente amplitud y sepultar con métodos nuevos no contaminantes. Personalmente creo que la provincia necesita un crematorio público", agregó.
Cornejo también se refirió a la demora de la Justicia para resolver el tema de la expropiación del terreno donde hoy está el improvisado cementerio. "El juez que entiende en la causa de la expropiación debería conminar al municipio de Cerrillos a que presente el impacto ambiental y, dentro de un plan de urbanización, la relocalización integral del cementerio", puntualizó.
