La novela por el cobro indebido del IFE por parte de funcionarios salteños continúa. El caso se encuentra en manos de la Justicia Federal, que ya ordenó una inspección de las oficinas de ANSES para tratar de echar luz sobre el asunto.
En diálogo con Multivisión, el fiscal federal Toranzos advirtió que "la causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión".
Por otra parte, el fiscal agregó que de la información que pudieron obtener, resulta que son 53 los casos sospechosos, y que estos se pueden dividir en tres grupos: "los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron". Y dijo que por esta razón están tratando de determinar cuál fue el lugar físico desde el que se hizo el pedido. "Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar", sostuvo Toranzos.
En esta línea, el fiscal emitió un pedido de información a ANSES Salta, sobre los trámites realizados por los concejales, legisladores y funcionarios con el fin de cobrar el IFE. Este trámite consta en la verificación de información de dichos trámites en las computadoras del organismo.
