Amparados en un caso registrado en Buenos Aires, donde los padres de un alumno travieso fueron condenados a pagar 41.200 pesos, cifra equivalente a lo que había gastado el Estado para organizar el operativo que desestimó la existencia de una bomba tras una falsa amenaza en una escuela porteña, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intenta determinar cuánto se gasta en las intervenciones que solo en agosto, superaron las cien en Rosario.
"El propósito es el de definir junto con la Fiscalía una pena pecuniaria que estimamos puede rondar entre los 40 y 50 mil pesos que representaría el costo del operativo policial y del Municipio", precisó Darío Chávez, director de Investigación Criminal de la cartera de Seguridad que comanda Maximiliano Pullaro.
"Como mínimo en cada aviso de bomba participan de 4 a 5 móviles. Dos o tres vehículo policiales propios de la cuadrícula de patrullaje, la unidad de Bomberos Zapadores y el móvil de la Brigada de Explosivos. Ahí ya tenemos unas 15 personas, a eso hay que sumarle el despliegue de los agentes de tránsito y de la Guardia Urbana Municipal", expresó el funcionario, en contacto con Vía Rosario.
Para graficar el perjuicio que genera la revisión de un edifico en el entorno, desde Seguridad analizaron la afectación en los comercios frente a una institución educativa. "El titular de un negocio tranquilamente podría accionar judicialmente por el lucro cesante ante repetidas amenazas en una escuela", analizó Chávez.
"Se trata de una inspección de 45 o 60 minutos, que obliga a que los estudiantes permanezcan fuera del edifico con el riesgo que eso significa para las autoridades educativas. Imaginemos que un adolescente se escape u otro tenga un accidente cuando en realidad debería estar en el aula. Afortunadamente hasta el momento no registramos ningún inconveniente en al evacuación", sumó.
Con respecto a la investigación que está en marcha y que instruye el fiscal Gustavo Ponce Asahad, Chávez mencionó que la existencia de números con prefijo porteño implicados en llamadas a escuelas rosarinas "abre el juego" a la hipótesis de alguien "interesado en causar molestias en la ciudad, ya que el grueso de las amenazas ocurren en el centro y macrocentro de Rosario".
La instrucción de la causa ya identificó 26 líneas sospechosas.
