El único detenido que queda en la causa por la muerte de Jonatan Herrera, joven que fue ultimado cuando lavaba su auto en enero de 2015, recuperará su libertad el próximo lunes luego de haber sido beneficiado con la prisión condicional.
El hombre que podrá salir de la cárcel es el ex policía Ramiro Rosales, condenado en abril de 2017 a seis años y medio de prisión. La decisión de la Justicia fue repudiada en un comunicado por al Multisectorial contra la Violencia Institucional.
"Esa libertad es consecuencia de prácticas de policías, fiscales y jueces que no investigan adecuadamente estas graves violaciones a los derechos humanos, que no sólo consagran impunidad, sino que colaboran para generar las condiciones para que estas prácticas se sigan perpetuando en la provincia de Santa Fe", mencionó la entidad.
Para la Multisectorial, el fallo "implica una posible amenaza para la vida, la integridad y la tranquilidad de la familia de Jonatan que han sido sistemáticamente amenazados, amedrentados y hostigados por las fuerzas policiales desde el asesinato de su hijo!".
A las 15.15 del 4 de enero de 2015, Jonatan Herrera lavaba su Volkswagen Gol frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho junto a un primo y un hermano. Entonces apareció corriendo y con un revólver en sus manos Brian Vespucio, quien era perseguido por un patrullero del Comando Radioeléctrico como sospechoso de haber robado una juguetería de la zona.
Antes de llegar al cruce mencionado, los policías Miguel Iturres, Milagros Rodríguez y Gladys Galindo bajaron de ese móvil y le dispararon. Al mismo tiempo, los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez, con escasa y reciente instrucción, bajaron de un colectivo de la línea 133 en el que iban otros diez agentes y se sumaron a los tiros.
Vespucio y Jonatan recibieron tres balazos cada uno. El ladrón (condenado a 6 años por el atraco) fue detenido. Herrera, de 22 años y padre de un bebé, moriría horas después por dos impactos: uno en el cráneo y otro en el abdomen.
En octubre de 2017 los jueces Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Georgina Depetris ratificaron la absolución de Gladys Galindo, la agente del Comando Radioeléctrico acusada de efectuar uno de los disparos que terminaron con la vida del muchacho de 23 años.
En el mismo sentido, los magistrados convalidaron la condena inicial a 6 años y 6 meses de prisión para Ramiro Rosales, miembro de la Policía de Acción Táctica (PAT), que ahora será puesto en libertad.
Luis Alberto Sosa y Alejandro Jonatan Gálvez fueron condenados en segunda instancia a 2 años con ejecución condicional, por lo que también quedaron libres en 2017. El caso de Francisco Javier Rodríguez, quien también integra la PAT, los camaristas lo sentenciaron a 2 años y 8 meses de prisión, un año menos que el tiempo previsto en el fallo inicial.
