El Municipio de El Chaltén decidió implementar mecanismos de modernización y aggiornarse con las nuevas tecnologías y las políticas de e-goverment.
En consecuencia, este año ha decidido adherir a la Ley Nacional de Firma Digital (Ley 25506 14 de dic 2001) que rige desde el año 2001, con el objetivo de modernizar y mejorar la productividad interna de su gobierno.
El intendente Gerardo Mirvois y su asesor legal, el Dr. Graziano, han certificado su firma en la Secretaría de Modernización de Nación y con ese simple trámite comenzaron a utilizar la firma digital.
De esta forma, simplifican tareas, ahorran tiempo y agilizan trámites además de colaborar en un gran porcentaje la disminución en la impresión de papel. Desde el punto de vista tecnológico, han debido implementar algunas cuestiones que no resultaron dificultosas para el técnico informático de la ciudad.
"Tenemos el orgullo de decir que es el primer municipio de Santa Cruz en implementar la firma digital", dijo Graziano en FM Dimensión. Entiende que es un trámite sencillo e invitan a los demás municipios de la provincia a seguir sus pasos.
¿Qué es Firma digital?
La Firma Digital es un procedimiento tecnológico que nos permite firmar documentos electrónicos con la misma validez que la firma hológrafa en forma segura, confiable y rápida.
La Firma Digital es una solución tecnológica que permite asegurar la autoría de un documento o mensaje y verificar la integridad del contenido del mismo, garantizando de esta manera el no repudio de los documentos firmados digitalmente.
La firma digital es un instrumento con características técnicas y normativas, es decir, que existen procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación de firmas digitales y documentos normativos que respaldan el valor legal que dichas firmas poseen.
En nuestro país, la firma digital se encuentra regulada por la Ley Nacional N° 25.506 Beneficios: - Garantiza la autoría y la integridad de los documentos digitales - Brinda un marco de seguridad en el intercambio de información - Otorga mayor agilidad y transparencia a los procesos - Mejora la calidad de los servicios públicos - Reduce costos - Promueve la despapelización