Tras la implementación de nuevas medidas contra el COVID-19, el Gobierno de la provincia decidió que, en caso de fiestas o reuniones que no cumplan con las restricciones, podrá permitirse cortar servicios a la ubicación donde se realicen.
Las condiciones aplicadas para evitar aglomeraciones, concentraciones y circulación de personas implican que solo se permiten reuniones entre familiares que comparten domicilio o bien de 20 personas en espacios abiertos.
En caso de no acatar al precepto, el Decreto Provincial 792/21 establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene facultades para pedir a empresas estatales que brinden servicios públicos el cese de la prestación de utilidades. Entre estos servicios se encuentran aquellos de acceso al agua y la electricidad.
Aun así, el Ministerio deberá informar por medio de la Policía respecto a la transgresión hecha, como así también determinar quién la cometió y aportar la localización en donde sucedió. Al mismo tiempo, el servicio deberá ser reconectado luego de que las sanciones y multas sean acreditadas.
La ministra de la cartera, Gloria Salazar, explicó que “lo que pedimos no es irracional ni está fuera de contexto, sino es dentro de un contexto de pandemia que ha golpeado fuerte a todo el mundo. En la provincia, gracias al monitoreo constante y al trabajo articulado de todas las áreas del Estado se ha logrado una estabilidad epidemiológica”.
“La cantidad de casos diarios está dentro de lo que desde el Estado provincial consideramos que es controlable, estas nuevas medidas tienen el espíritu de evitar que el sistema sanitario se sature”, añadió la funcionaria.
