El juez de segunda instancia, Matías Drivet, confirmó la prisión preventiva impuesta por 90 días a cinco policías investigados por integrar una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en Rafaela, que se había dictado a comienzos de noviembre pasado. Cuatro de ellos habían sido Jefes de la Unidad Regional V de Policía, con sede en nuestra ciudad.

El fiscal que investigaba la causa, Martín Castellano, dejó la pesquisa por órdenes superiores. Sus reemplazos fueron Guillermo Loyola, con la colaboración de Gabriela Lema.

La audiencia se dio a instancia de la defensa de los policías. Sin embargo, Drivet (exfuncionario del Ministerio de Seguridad durante el socialismo) confirmó la medida para “no perjudicar los fines del proceso, atendiendo al desarrollo de la investigación y a la complejidad delictiva en la que se inserta el accionar imputado”, según Loyola

De los 5 efectivos, hay cuatro retirados: Javier Gorosito de 52 años; Juan Pablo Bengochea de 48 años (hizo la mayor parte de su carrera como oficial en Rosario); José Jorge Pérez de 51 años (exsubjefe de la policía provincial); y Fabián Forni de 57 años. Por su parte, el integrante de la fuerza imputado y que está en actividad es Flavio Aranda de 39 años (estuvo en PDI Rafaela y fue jefe del Comando Radioeléctrico de Rafaela).

Perez, Forni y Bengoechea fueron Jefes de la URV. Gorosito, de la Agrupación de Unidades de Orden Público. Y Aranda, de la Agrupación Cuerpos. A los cinco hombres se les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados Bengoechea, Forni y Aranda, se los investiga por ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Los ilícitos fueron atribuidos en concurso real.

Confirmación

Acerca de la resolución de segunda instancia, Loyola puntualizó que “el juez consideró riesgosa la libertad de los imputados por la existencia de un entramado delictual no solo organizado y sostenido a lo largo del tiempo, sino también extendido territorial y personalmente”.

“Tal como lo sostuvo el magistrado, se utilizaron numerosos recursos logísticos para el desarrollo de la empresa criminal, con contactos y coberturas que permitieron su funcionamiento”, explicó el fiscal. Al respecto, agregó que “el juez de segunda instancia entendió que no se puede descartar que los imputados pretendan intervenir sobre la evidencia que aún resta ubicar y la prueba que debe producirse a lo largo del proceso”.

El funcionario del MPA hizo hincapié en “el carácter de funcionarios policiales de los investigados, que fue un tema que se valoró durante la audiencia”. También explicó que se resaltó “la trama institucional densa, compleja y con tendencia a un funcionamiento refractario a los controles y con lazos corporativos fuertes”.

Pagos de hasta 280.000 pesos

En la audiencia del 7 de noviembre, que duró cerca de 14 horas, el Fiscal Castellano indicó que “Los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles de sexo masculino que ya habían sido imputados anteriormente –David “El Gordo” Perona y Marcelo Uberti–, acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos (aunque dinámicos)”.

El funcionario del MPA sostuvo que “la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio regular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia”.

“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el fiscal.

El fiscal argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.

Castellano especificó que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conserven a resguardo las ‘salas’ de juego”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las ‘salas’ pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.

Castellano añadió que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró “la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus”.

Civil

El fiscal Loyola informó que “en el marco de la misma causa, se prorrogó la medida cautelar de Uberti, a quien se investiga como organizador de la asociación ilícita y quien está en prisión preventiva desde agosto de este año”.

La resolución fue tomada por el juez Javier Bottero en una audiencia realizada este martes en los tribunales de nuestra ciudad.