Las imágenes primero se viralizaron en Rafaela. Pero rápidamente ganaron las pantallas de todo el país. Y la noticia se hizo nacional: una empleada, despedida de un supermercado, destruyó una góndola llena de botellas de vino, en un ataque de ira. Esto hizo que muchos cuestionaran la forma en que esta empleada trabajaba: se quejó de maltratos y de que no estuviera en blanco.
Ante esta situación, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, específicamente, la Comisión de Comercio y Servicios, emitió un comunicado, en donde le reclama al Estado más controles para evitar el trabajo en negro. A continuación, el texto titulado “La lucha contra la informalidad y trabajo no registrado, clave para el desarrollo comercial de nuestra ciudad”.
Recientemente, un hecho particular puso de relieve la problemática de la informalidad que afecta a todo el entramado comercial de la ciudad. Este incidente expuso burdamente el caso de una empresa que contrata personal de manera irregular, y que continúa funcionando a pesar de que ya fue clausurado en dos ocasiones por cuestiones sanitarias y de que integró el grupo de supermercados que en 2018 fueron inspeccionados en el marco de un operativo provincial que detectó un 84% de trabajadores no registrados (operativo en el cual también se verificaron irregularidades vinculadas a la higiene y seguridad laboral).
Este no es un caso aislado, sino tan solo una muestra de lo que sucede en Rafaela desde hace años. Sin embargo, y contrariamente a lo que sugieren recientes declaraciones a la prensa, no es una situación que pueda generalizarse a la totalidad del entramado comercial. En efecto, el CCIRR viene trabajando de larga data junto a sus asociados para exponer esta problemática, sin que se observen medidas concretas y sistemáticas que busquen cambiar el escenario.
La lucha contra el comercio informal - y, por lo tanto, del trabajo no registrado-, requiere del involucramiento responsable de todos los actores del ecosistema productivo (gobiernos, empresas, sindicatos, consumidores, etc.), aunque la situación actual exige un mayor compromiso del Estado. Es así que, desde hace años, nuestra institución viene planteando la necesidad de mayores esfuerzos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para que los diversos organismos de control ejerzan un labor más eficiente, junto al poder judicial y legislativo.
Si bien es cierto que las debilidades estructurales del sistema tributario argentino no incentivan la formalización de las actividades económicas, no podemos permitir la competencia desleal que muchos ejercen eludiendo sus obligaciones fiscales, o directamente llevando a cabo operaciones prohibidas o ilícitas. Aquí la tarea del Estado es indelegable y debería ser prioritaria: la economía subterránea argentina tiene raíces históricas muy profundas y requiere de acciones sistemáticas para transformar la cultura tributaria actual. Como nuestra entidad ha reiterado en numerosas mesas de discusión, el objetivo es que, de manera sostenida y paulatina, el gran universo informal, que crece año tras año, comience a ser parte del sistema, contribuyendo de manera equitativa.
Es por todo esto que reiteramos nuestra postura sobre el necesario cambio de paradigma que debemos transitar, anhelando que podamos revertir la actual tendencia, y transformarnos en una ciudad con cada vez mayores niveles de formalidad. Esta es la única forma de lograr desarrollo, prosperidad y equidad para la comunidad en su conjunto.
