La Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR) emitieron un comunicado luego de que se conociera el fallo anulando del artículo 4° de la ordenanza N° 5331 de diciembre del 2021, en donde disponía que se podían aplicar agroquímicos de base biológica desde los 50 y hasta los 200 metros, que era la línea agronómica vigente hasta esa normativa.
ACPUR es, junto al Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Municipalidad de Rafaela, los únicos que puede apelar el fallo del juez Matías Colón. Si bien en el comunicado no lo deja expresado, todo apunta a que finalmente irán por este camino. Camino que eligió no seguir el DEM.
En el texto, ACPUR deja en claro que los productores del periurbano rafaelino “se verían claramente afectados económicamente por los resultados de esta acción judicial no fueron informados ni directamente ni a través de la Sociedad Rural de Rafaela, por lo que no pudimos tomar conocimiento de las presentaciones realizadas hasta e mes de enero de 2023, cuando ya se habían presentado los informes y realizado las declaraciones de las partes involucradas directamente”.
“Resulta claro que el fallo se basó solo en la postura de los demandantes y en los investigadores que ellos propusieron”, afirman y agregan: “Los peritos judiciales ‘deberían cumplir con el requisito de ser imparciales’. Este juzgado convoca a investigadores reconocidos por sus trabajos orientados a concluir que la producción agropecuaria contamina el ambiente y enferma. (...). Hubiera sido conveniente que tomaran conocimiento de la opinión de peritos científicos “imparciales” para cumplir con la regla de la búsqueda de la “verdad jurídica objetiva”, si es lo que se pretendía”, afirma.
“Sorprende también, que se relativizan y se pone en duda, las presentaciones del organismo regulatorio referente de Argentina ante el mundo, SENASA; (...) El mismo trato se da a la presentación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con investigadores destacados a nivel nacional e internacional, y al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe”, añaden.
“Parece ser que cualquiera puede instalar ‘verdades alternativas’”, disparan y agregan: “En este fallo, se considera en cambio, lo relacionado con percepciones y con escuchar solo lo que se quiere oír o aquellas que responden a ciertas ideologías. Es así que quienes no están capacitados para realizar un análisis crítico de la información científica, pretenden tomar decisiones basadas en criterios que carecen de valor, considerándolos válidos”.
También afirman que se distorsionó la prueba presentada por ellos: “En ninguna de las referencias y citas que se presentaron en el informe técnico de la experta internacionalmente reconocida Dra. Edda Villaamil Lepori, se avala que la única medida efectiva contra la deriva de los fitosanitarios es la distancia. Ni que no haya forma de controlar la deriva. Se ha distorsionado la información científica provista por ACPU R, tratando de apoyar los argumentos para su fallo con datos que no son presentados de la forma en que se aduce en el informe. (...) Sorprende que en el fallo no cuestiona la importancia de las Buenas Prácticas, para decir luego que la única forma de limitar la deriva es a través de las distancias”.
También apuntan en contra del Ejecutivo Municipal: “sorprende que la fiscalía de la municipalidad en su informe ante los demandantes, argumenta a favor del veto propositivo del ejecutivo, ‘pero no del artículo 4 de la ordenanza 5331, elegida democráticamente por el concejo municipal’. Y que, además no apele, cuando el fallo tiene fundaciones endebles, es controvertido e irrazonable, que lo descalifica como acto jurídico válido. Aparece este comportamiento como de conveniencia política, y no derivado de una preocupación por la salud y el ambiente, y el desarrollo sostenible, como se aduce”.
“Mientras tanto, en Rafaela, ‘por las dudas’ volveremos a discutir cuanta tierra del más alto potencial productivo dejaremos al abandono, convertida en basurales a cielo abierto y escondite de alimañas y delincuentes. Nos preguntamos si esta situación le brinda seguridad a los vecinos de los barrios circundantes al área rural, y a la creciente cantidad de personas que desean disfrutar de sus actividades deportivas y recreativas en el periurbano de Rafaela. Aproximadamente 800 has seguirán en esa condición con los 200 m de prohibición. Nos preguntamos si ADAPA y los Amigos de la Vida, realizan alguna acción para mitigar este grave problema”, dicen y concluyen: “El grupo de productores periurbanos, está unido, y se ha organizado para la defensa de la producción sustentable y el cuidado de los recursos naturales del medio rural, también contra los problemas crecientes del avance de la urbanización, y del avasallamiento sobre la propiedad privada con el argumento de ‘por las dudas’”.
