Los diputados que integran la Comisión de Juicio Político volvieron a reunirse el jueves para escuchar las argumentaciones de quienes promueven denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En las deliberaciones sobresalió la presentación de la opositora Coalición Cívica (CC) para ratificar sus acusaciones contra el juez Ricardo Lorenzetti.
En ese marco, ahora resta saber si pasa la admisibilidad del proceso, es decir, que resta saber si pasa a la etapa de instrucción que sería la previa a poder debatirlo en el recinto. Allí es donde el Gobierno enfrentaría el primer gran problema.
Para admitir el proceso, el Frente de Todos tiene los votos asegurados en la comisión, ya que cuenta con el apoyo de los diputados que siguen a Sergio Massa. En ese sentido, también podrán imponerse en un eventual dictamen acusatorio contra los magistrados.
Qué necesita Alberto Fernández en el Congreso para aprobar el pedido de juicio político
En este tipo de casos, los procesos de juicio político se presentan en el Congreso de la Nación. Por un lado, en la Cámara de Diputados se trata el órgano acusatorio, es decir, deciden si se avanza o no con el pedido que realicen contra presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, según señala el artículo 53 de la Constitución.
Por su parte, en el artículo 59, se explica que la Cámara de Senadores son los responsables de juzgar en juicio público “a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.
Acá está el primer problema que tiene Alberto Fernández para avanzar con el pedido de juicio político: es que en la Cámara de Diputados tiene actualmente un total de 118 diputados del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 116.
Es decir, debería contar con 172 diputados a su favor, un número casi imposible de llegar en la cámara baja, ya que debería llegar a 54 diputados que se sumen al pedido del presidente.
Cómo fue la jornada en la comisión de Juicio Político y la sorpresa por la acusación de la oposición
Expusieron los autores de 12 de los 14 proyectos que apuntan a la Corte. El encargado de defender la posición del oficialismo fue el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución.
Valdés cuestionó el pronunciamiento de la CSJ sobre el conflicto por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (mediante la restitución de una ley derogada) y la intención de aplicar la ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad, entre otros temas.
“¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?”, lanzó Valdés luego de recordar que los mandatarios provinciales del oficialismo presentaron un amicus curiae ante la CSJ para formalizar su posición por la coparticipación.
La diputada Paula Oliveto fue la encargada de defender el juicio político que promovió Elisa Carrió impulsó en 2017 contra Lorenzetti. “En ese momento nosotros éramos gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio, sino que fue una decisión que respondía a nuestra íntima convicción como legisladores en el entendimiento de que Lorenzetti no cumplía ni con la idoneidad moral ni con el desempeño eficiente en sus funciones conforme a las buenas prácticas administrativas y de transparencia”, dijo.
La diputada del FDT Vanesa Siley destacó que la CC haya ratificado en la comisión de Juicio Político su denuncia contra el juez de la Corte y señaló que muchos de los cargos expuestos por esa bancada opositora “coinciden con los de los expedientes impulsados por legisladores” del oficialismo.
Pero Oliveto buscó diferenciar las gestiones. En su presentación, remarcó: “Nosotros lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un gobierno para condicionar un poder de la República. Quiero que quede claro porque ahí está la diferencia sustancial con cualquier otro pedido de juicio político”.
“No tendría autoridad intelectual sino pudiera entender que no acompaño las expresiones del presidente de la República y del ministro (de Justicia, Martín) Soria en relación a este momento”, sentenció la referente del espacio que lidera Carrió.
Larreta confía en frenar la avanzada K
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que el juicio político contra los miembros de la Corte representa un “atropello institucional” y se mostró confiado en la posición de Juntos por el Cambio en el Congreso para frenar esa avanzada del kirchnerismo.
“El juicio político es un atropello institucional. Es una barbaridad y una muestra más de la vocación del kirchnerismo de llevarse puesta la justicia y controlarla. La buena noticia es que no lo van a lograr. Tenemos la cantidad de diputados necesarios para frenar este atropello”, afirmó el mandatario porteño.
Por lo pronto, la comisión de la Cámara baja informará el próximo jueves cuáles son los proyectos válidos para avanzar contra los miembros del máximo tribunal de justicia, tal como lo promueven el gobierno nacional y el FDT.
