Después de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, anunciaran que se les quitará los planes sociales a las familias que no manden a sus hijos al colegio, funcionarios del Gobierno nacional salieron a responderles.
A través de sus respectivas cuentas de Twitter, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, mostraron su descontento con la medida, la cual se comunicó este lunes.
“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, comenzó diciendo Cerruti.
Y siguió: “Si está tan preocupado por el cumplimiento de la ley, el gobierno de @horaciorlarreta podría ocuparse de que sigan ingresando familias que lo necesiten o requieran, y que se pague el porcentaje que establece la ley y que se fue restringiendo a medida que pasaron los años”.
Por su parte, Zabaleta publicó: “A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”.
“No importa quienes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también”, completó.
Cuál es la medida que implementó CABA
Las nuevas condiciones que deberá cumplir un estudiante para ser considerado “alumno regular”: deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días de clase y no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas a lo largo del año.
Esta disposición podría afectar a las familias beneficiarias del programa social Ciudadanía Porteña, que reciben un monto adicional por cada menor en el hogar que esté escolarizado para poder cobrarlo.
Por cada menor de edad escolarizado se recibe $ 5.256 en casos de hogares pobres y de $ 7884 en hogares indigentes. Ese control que es semestral, ahora pasará a ser bimestral y estricto para garantizar el 85% de la presencialidad.
