El intendente de Lavalle, Roberto Righi, dijo que el procedimiento de ayer no fue un allanamiento porque los edificios públicos no se allanan ya que la información es, justamente, pública. La fiscal Gabriela Chaves y personal que investigan la causa de la Tupac Amaru “se apersonaron acá y se les abrieron las puertas de todas las oficinas para que pudieran dotarse de toda la información que corresponda como para que puedan llevar adelante la causa”.
Righi intentó desligar de responsabilidades a la Municipalidad y dijo que “los fondos los conseguía la organización a nivel nacional. Tenía convenio enlatado, así que tenía ciertas pautas donde los municipios –digo municipios porque han sido alrededor de once los municipios donde han conseguido plaza- construíamos los terraplenes. Esos fondos venían a través del IPV que lo transferían a la Municipalidad. Ésta firmaba convenio con cada una de las cooperativas que tenía la Tupac Amaru y la certificación, avance de obra y acuerdo con la Nación se hacía con el IPV”.
Y agregó: “Una vez que el IPV tenía la certificación del avance de obra que se hacía con técnicos en conjunto se llevaba a la Municipalidad para que le pagara a cada una de las cooperativas con las que teníamos el convenio firmado. De ahí en adelante nosotros no teníamos que ver en la negociación. Hasta ahí llegábamos nosotros.
Ante la pregunta de si el intendente tenía problemas con gente de la Tupac Amaru, Righi respondió: “Sí, hubo demolición de paredes en algunos casos, tuvimos varias discusiones. Es más, pedimos ayuda al IPV, en su momento a Omar Parisi para solucionar algunas cosas. También se les hizo cambiar rollizos porque eran muy finos. Hay que tener en cuenta que las cooperativas están formadas por gente, que en su mayoría no tienen idea de construcción. Entonces, en muchos casos se les hizo tirar paredes, rollizos y materiales. Hemos rabiado con ellos”.
