La constitucionalidad de ordenanzas municipales de distintos departamentos que prohíben el fracking en sus territorios podría ser resuelta en un fallo plenario (con el voto de sus siete miembros) por la Suprema Corte de Mendoza, si es que el máximo tribunal hace lugar al pedido del Fiscal de Estado, Fernando Simón, quien solicitó "unificar" criterios y dictar una sentencia definitiva sobre la regulación de la política hidrocarburífera en la provincia.
En un planteo que le hizo llegar a la Sala II de la Corte, el funcionario resalta que tanto en esa sala como en la Primera, se tramitan acciones declarativas sobre la misma temática, lo cual podría producir fallos contradictorios de una misma normativa, generando falta de seguridad jurídica.
Asimismo, justifica su pedido en base a la "trascendencia institucional y el interés público que la materia traída a resolución reviste".
La presentación
