Conflicto por la contaminación de 52 hectáreas de la escombrera de la minera chilena Los Pelambres en suelo argentino a la altura de San Juan.
En los informes que la compañía, perteneciente al grupo trasandino Luksic, le envió a la Cancillería chilena, se justificó de una manera que aviva un conflicto limítrofe más allá del hecho concreto: para Los Pelambres, la escombrera era territorio chileno porque así lo indicaban los mapas que les entregó el Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM).
A raíz de esto último, la compañía minera reclamó a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet y, en concreto, al canciller Heraldo Muñoz, que "se trata de un conflicto entre Estados y no entre empresas privadas", cosa esta última que sostiene el gobierno trasandino. Pero desde Mendoza, Julio.
El senador nacional por Mendoza, exgobernador y ex vicepresidente Julio Cobos, preside la comisión de Relaciones Exteriores del Senado abonó la teoría de que se trata de "un problema entre Estados".
Cobos declaró este fin de semana a medios chilenos que "no es una cuestiçon entre privados y esa es una postura compartida por el Estado argentino".Para Cobos, el conflicto que generó el vertimiento pasa a ser de Estado desde el momento en que se realizó "en territorio argentino".
"El Estado, a nuestro modo de ver, puede delegar la responsabilidad en un privado como lo puede hacer a través de una concesión, pero uno no puede delegar la responsabilidad de que se trabaje bien", dijo.
Agregó luego que "si es una empresa privada la que lo ha hecho, faltaron controles del órgano que debería controlar en Chile o no estaban los hitos bien demarcados o densificados", sostuvo Cobos.
