El DNU 70, el emblemático instrumento que propone una drástica desregulación de la economía en todos sus niveles y que dictó el Presidente Javier Milei a pocos días de asumir el gobierno, ingresó en una etapa de definición. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los primeros que impugnó los alcances del decreto, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que defina la constitucionalidad del mismo.
A la par, este jueves se reunirá finalmente la comisión bicameral que define la validez de los DNU.
A diferencia de sus pares del noroeste, los peronistas Jalil (Catamarca) y Jaldo (Tucumán), considerados gobernadores “dialoguistas” por la Casa Rosada, Quintela se ubicó ya desde diciembre en la vereda de la oposición dura.
El gobierno de La Rioja presentó un amparo contra el DNU el 27 de diciembre. La Corte armó un expediente y corrió traslado al Procurador, lo que fue interpretado como un gesto favorable a la petición.
Ahora, la provincia, que tiene de apoderados legales al exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y al constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra, solicitó que “declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable”.
El pedido a la Corte de Quintela para hacer caer el DNU que está vigente (salvo el capítulo laboral, frenado por ahora por la justicia), contrasta con los movimientos de Jaldo y Jalil, que el martes, en Salta, mantuvieron reuniones tanto con el ministro del Interior, Guillermo Francos como con la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esas reuniones también participaron los gobernadores Saénz (Salta), Passalacqua (Misiones) y Sadir (Jujuy).
“Los gobernadores queremos ayudar a gobernar a nivel nacional, que el Congreso funcione y sancione las leyes que necesita el presidente de la Nación, pero también necesitamos reciprocidad contar con los recursos, dijo Jaldo. Sus diputados rompieron con Unión por la Patria para apoyar la fallida Ley Bases.
Quintela, en cambio, está alineado con el lote de gobernadores peronistas críticos con el gobierno libertario. La presentación ante la Corte para pedir la inconstitucionalidad del DNU se alinea con la estrategia de la CGT, que logró un amparo contra el capítulo laboral del decreto.
Otra línea de acción de la oposición peronista se despliega en el Congreso. Salvo los diputados de Tucumán, el resto votó contra la Ley Bases. Ahora el peronismo se prepara para dar pelea en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que este jueves se reunirá para acordar un plan de trabajo: mientras la oposición está apurada por tratar (y derribar) el DNU 70, el oficialismo quiere discutir primero los decretos del gobierno del Frente de Todos (FdT).
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la comisión “va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha”.
Desde la oposición, en cambio, el presidente del interbloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, dijo que “en este momento, tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo” y que “por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”. Ocurre que la ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Bicameral que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. Esos plazos no se han cumplido.
La actividad parlamentaria se retoma tras la caída de la Ley Bases, y días después de que el Presidente Milei calificara de “nido de ratas” al Congreso.
“El Presidente ha construido su carrera política con una manera de expresarse, no hay que dramatizar, para mí no obstaculiza en nada”, restó importancia Menem.
Oscar Zago, titular del bloque libertario, aludió con humor al insulto de Milei al Congreso. “Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo”, dijo a El Destape radio.
Además de los terrenos judicial y legislativo, la oposición peronista explora otros planos de confrontación. La CGT ya avisó que está discutiendo la realización de otro paro nacional, como continuidad a la movilización al Congreso del 24 de enero. El PJ bonaerense tendrá este sábado una reunión para “avanzar en la coordinación de acciones y definir una estrategia unificada para enfrentar las políticas del Gobierno nacional”. Podría, además, discutirse la renovación de la conducción partidaria, encabezada por Máximo Kirchner.
También el sábado marcará el regreso a la actividad política pública de Sergio Massa. Será en una reunión del Frente Renovador bonaerense, donde se destacará “un fuerte mensaje en defensa de la clase media”, según adelantaron a la agencia Télam desde el entorno del exministro de Economía. La reunión se concretará tras la reaparición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada con la publicación de un documento de 33 hojas cuestionando la gestión del Gobierno nacional.
