Carolina Ramos
En una maniobra que desafía al presidente Javier Milei, la oposición pidió una sesión especial para el próximo martes en la Cámara de Diputados con el fin de aprobar la reforma a la ley de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) y rechazar el decreto que habilitó al Poder Ejecutivo a canjear deuda sin pasar por el Congreso. Lo hizo el mismo día en que el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, realizó una operación amparado en esa misma norma.
Tal como adelantó este medio, Unión por la Patria, Encuentro Federal, el radicalismo disidente y la Coalición Cívica formalizaron este jueves el pedido de sesión y confían en tener los votos para avanzar con ambos puntos del temario, aunque los números están ajustados y faltan cerrar las últimas negociaciones para confluir en un texto común sobre los cambios en el trámite de los DNU, ya que en comisiones la oposición se dividió en tres dictámenes diferentes.
Mientras se presentaba el pedido de sesión, la Secretaría de Finanzas realizaba el canje de un Boncer con vencimiento el 14 de febrero de 2025, por otro con vencimiento el 30 de junio de 2026, con un precio de conversión del título de $6.039 por cada $ 1.000 de valor nominal. El Ejecutivo se amparó en el artículo 2 del DNU 846/24, que ahora la oposición quiere voltear en el Congreso.
Ese decreto habilitó al Ejecutivo a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera, es decir, mejoras en dos de tres condiciones (monto, tasa o plazo), y sin la autorización del Congreso, que tiene facultades para renegociar deuda. Ponen como único criterio que al Gobierno le tomen a precio de mercado los bonos a canjear.
“Milei publicó un DNU para hacer canjes de deuda sin cumplir con la Ley de Administración Financiera, es decir, puede renegociar arbitrariamente la deuda en pesos y dólares sin necesidad de favorecer los intereses de los argentinos y sin pasar por el Congreso”, advirtió la diputada de Unión por la Patria y economista Julia Strada, una de las firmantes del pedido de sesión.
El Gobierno había intentado avanzar con la iniciativa dentro de la Ley Bases, pero tuvo que retirar el artículo porque no tenía los votos. Sin embargo, redobló la apuesta: no solo firmó un DNU sino que también incluyó la habilitación dentro del Presupuesto 2025. Con el amplio rechazo opositor, difícilmente avance ese artículo, que es el 65.
En el oficialismo creen que la convocatoria de la oposición “atenta contra las negociaciones del Presupuesto que se estaban llevando a cabo”. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, hizo notar a través de su entorno que “ningún diputado identificado con los gobernadores firmó” el pedido de sesión porque “los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno”.
Nueva ley de DNU
Antes de que se vote el DNU 846, la oposición buscará avanzar con la reforma a la Ley 26.122, que según el dictamen de mayoría tiene dos ejes centrales: fija un plazo de 90 días para la aprobación de los DNU en el Congreso (de lo contrario, perderían vigencia), y exige que sean avalados por ambas cámaras, y rechazados por una sola. Dos cambios que, en pocas palabras, limitan las facultades legislativas del presidente de turno y lo someten con más fuerza al control parlamentario.
“Empezamos a corregir una anomalía en nuestro marco jurídico que hizo que durante mucho tiempo sea más fácil legislar por DNU que legislar en el Congreso. Es hora de que el Congreso ejerza su rol y ponga límites a la tendencia autocrática y autoritaria de un presidente que no es un monarca por cuatro años”, planteó el diputado socialista Esteban Paulón, que encabeza el pedido de sesión, al que adhirió casi todo el arco opositor.
Los conteos previos arrojan un piso de 131 votos: un número justo, pero suficiente. En la oposición hay frenéticas negociaciones para arribar a un texto de consenso, ya que el dictamen mayoritario no convence del todo a los radicales disidentes de Democracia para Siempre ni a la Coalición Cívica, como tampoco a la UCR de Rodrigo De Loredo, que no adhirió al pedido de sesión y tiene un dictamen propio.
La UCR todavía no tomó una definición como bloque, pero algunos legisladores ya avisaron que darán quórum y que quieren apoyar algún tipo de reforma. Es el caso, por ejemplo, del mendocino Julio Cobos, que no está de acuerdo en fijar un plazo de 90 días para el tratamiento de los DNU y también pide habilitar la posibilidad de rechazos parciales. En ese sentido van las propuestas minoritarias del radicalismo y los “lilitos”.
El PRO, por su parte, juega al misterio: no firmó ningún dictamen y mantiene su voto bajo siete llaves. El ánimo de colaborar con el gobierno de Milei choca con una vieja intención de reformar la ley de DNU, que fue impulsada por Cristina Kirchner. Incluso hay un antiguo proyecto de Silvia Lospennato, espada parlamentaria de la bancada amarilla. “Después de casi 20 años (de vigencia de la ley), al menos debe contemplarse una transición”, reconoció un importante diputado a este medio.