Tras los reiterados llamados con amenazas de bombas en la localidad, se hizo moneda corriente hablar de estas interrupciones de actividad escolar, y tal es así que la problemática llegó al Concejo.
En él, el concejal Lucas Leonio de Cambiemos, aseguró que a los chicos les pagan $500 por cada llamado intimidatorio a las escuelas.
A raíz de estas acusaciones, se generó un fuerte debate que pronto los vecinos lo llevaron a la justicia, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según sostienen, si el concejal tiene esos datos, debería presentarlos a la justicia y no comentarlos por encima; comunicó El Día.
La denuncia fue presentada por el doctor Carlos Festa del bloque Primero Berisso junto a la totalidad del Bloque de Concejales de PJ, Unidad Ciudadana y al Concejal del Frente Renovador Peronista, Maximiliano Barragán, quienes acompañan con su firma la denuncia presentada al Fiscal General.
