Desde la oficina del juez de Control de Río Cuarto, Diego Ortiz, negaron la prescripción del caso Nora Dalmasso. De esta manera, las autoridades revirtieron un escenario previo que favorecía al señalado Roberto Bárzola y la investigación por el crimen de noviembre de 2006 continúa.
CASO NORA DALMASSO: EL JUEZ DESESTIMÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
“No corresponde en esta instancia declarar la prescripción de la acción penal tal como solicitan los defensores“, explicó Ortiz, en diálogo con La Voz. En este sentido, argumentó que la conclusión significaría ”el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido“.
Por su parte, expuso el contexto de violencia de género en el homicidio. Sin embargo, descartó un delito imprescriptible, de lesa humanidad o de grave violación de los derechos humanos. “De ningún modo formó parte de un ataque generalizado y sistemático, llevado a cabo de conformidad con una política del Estado”, expuso.
“El deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad. El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones”, concluyó.
CASO NORA DALMASSO: DESESTIMARON LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA
El fiscal Pablo Jávega había fundamentado su decisión en que “el paso del tiempo se interrumpió en varias oportunidades” durante el curso de la investigación. Según su argumentación, este freno al plazo legal se vincula directamente con la imputación de integrantes del núcleo familiar Macarrón.
Esta situación impidió que los parientes de la víctima pudieran constituirse como querellantes en el proceso. El fiscal especificó que “mientras estaba imputado Macarrón y Facundo Macarrón, ese tiempo lo descontó de la prescripción”.
Por su parte, Gustavo Liebau, letrado de los Macarrón, comunicó a Cadena 3 la existencia de “una confirmación genética”. Asimismo, adelantó la intención de la familia de recurrir a tribunales internacionales con el objetivo de que el delito no quede impune. No obstante este progreso, la resolución del fiscal Jávega aún debe ser validada por un juez de control para adquirir firmeza.
