El 25 de julio comenzará el juicio contra cuatro ex magistrados por delitos de lesa humanidad en Córdoba

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral 2 (TOF2) y tiene como imputados al ex juez federal Miguel Ángel Puga; el ex fiscal federal Antonio Cornejo; el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez.

El 25 de julio comenzará el juicio contra cuatro ex magistrados por delitos de lesa humanidad en Córdoba
People raise white handkerchiefs, the signature symbol of the Mothers of Plaza de Mayo human rights group, during a protest against a Supreme Court ruling that benefited a man serving time for crimes against humanity in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, May 10, 2017\u002E In response to the popular outcry, earlier in the day Wednesday, Argentina's Congress approved a bill banning the reduction of jail sentences for people serving time for crimes against humanity\u002E (AP Photo/Victor R\u002E Caivano) buenos aires marcha manifestacion contra el 2 x 1 crimenes lesa humanidad crimenes lesa humanidad ley 2x1 marcha protesta

El martes 25 de julio próximo comenzará en la ciudad de Córdoba el proceso de enjuiciamiento contra cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal, que están imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral 2 (TOF2) y tiene como imputados al ex juez federal Miguel Ángel Puga; el ex fiscal federal Antonio Cornejo; el ex defensor oficial Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez.

En todos los casos los acusados deberán responder por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrir torturas, secuestros, homicidios y otros delitos de los que fueron víctimas prisioneros políticos que pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D-2), de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a los elementos probatorios que constan en el auto de elevación a juicio, los funcionarios judiciales están sindicados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.

Las víctimas de esos delitos, más de 70 consideradas en este expediente, estaban detenidas a disposición judicial y militar en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20840) de la dictadura. Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.

En el requerimiento fiscal también había sido imputado el ex defensor Luis Eduardo Molina, quien fue apartado del proceso por razones de salud y, por lo tanto, no afrontará el debate oral y público.

Se estima que el juicio se extenderá hasta octubre y está previsto que declaren una treintena de testigos.