La investigación por el trágico incendio en el geriátrico Mi Sueño, que se cobró la vida de dos adultos mayores, sumó en las últimas horas la imputación a José Lábaque, director del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa).
Lábaque está acusado de haber habilitado el geriátrico pese a un informe en el que constaba que no contaba con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de establecimientos, y pesa sobre él una imputación por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"El director del área que tiene que habilitar y fiscalizar los geriátricos lo habilitó en 2016, por un año, a pesar de que no tenía medidas de seguridad contra incendios como detectores de humo y de temperatura, como exige la ley", aseguró a Día a Día el fiscal Carlos Matheu.
“Diez días antes del incendio, un inspector de Rugepresa fue al lugar a verificar si había cumplido con las exigencias, y tampoco las tenía. Labró un acta, esa acta fue informada a la autoridad responsable, y aun así siguió abierto”, detalló el fiscal. Esas pruebas se obtuvieron en el martes, en un allanamiento realizado en el Registro que funciona en el Pablo Pizzurno.
En la cadena de responsabilidades están también Lorena Romero, dueña del geriátrico, acusada de homicidio culposo agravado y lesiones culposas; y la misma imputación recayó en Rosa Álvarez, la enfermera que estaba trabajando al momento del incendio.
“Un caloventor que estaba en la habilitación donde estaban las víctimas se recalentó, se prendió fuego, y desde esa pieza los adultos mayores hicieron un llamado a la cuidadora, pero ella no acudió al llamado”, describió.
