El rector del Nacional sostuvo que el protocolo para prevenir tomas "no resuelve" el problema

El rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, sostuvo que el protocolo elaborado por el gobierno porteño para prevenir la toma de escuelas públicas "no resuelve" el problema de las ocupaciones y que la herramienta para combatirlas "debe ser más escolar que judicial", como es el caso de las sanciones disciplinarias.

Sin embargo, aclaró que al tratarse de una resolución de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, sólo afecta "a las escuelas secundarias que están bajo su órbita y no a los colegios que dependen de Universidades Nacionales", como el Colegio Nacional Buenos Aires.

"Esto no quiere decir que las propias universidades no saquen (más adelante) una norma propia", agregó en declaraciones a Cadena 3.

El nuevo protocolo establece que, en caso de una toma, la dirección deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar a los padres para que retiren a sus hijos del establecimiento.

A su vez, las autoridades del colegio deberán labrar un acta en la que dejen constancia de los hechos y del estado del patrimonio escolar con fotos, de ser posible, certificadas por escribano o con la presencia de dos testigos.

Por último, los padres que permitan a sus hijos participar de la toma deberán suscribir a un acta reconociendo "que, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá sobre el adulto".

"Nosotros en los últimos tres o cuatro años habíamos tenido pocas experiencias con tomas, salvo la del año pasado que duró muchos días y no produjo problemas edilicios pero tuvo un episodio muy lamentable", explicó Zorzoli en relación a la denuncia de abuso sexual durante esa ocupación que sufrió una alumna de 14 años.

Por otra parte, sostuvo que "la toma de un edificio público es un delito aunque sea realizada por parte de menores, y ése es un tema que debería resolverse en el ámbito judicial y en ese aspecto los docentes poco podemos hacer".

"Y el otro aspecto es el institucional, que es el que nos compete, y ahí sí creo que los ministerios y las universidades deberían dar a los directores de las escuelas mayor poder de acción para poder resolver este tipo de situaciones", agregó.