El Tribunal Oral Federal (TOF) 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, condenó a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por supuestas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Se trata del caso conocido como “Ruta del dinero K”, en el que también fueron condenado los hijos del dueño de Austral Construcciones, Martín (nueve años), Leandro (cinco años) y Melina (tres años).
Además, entre los condenados está Leonardo Fariña (cinco años ya que tuvo una reducción de tres años por su declaración como arrepentido); el contador Daniel Pérez Gadín (ocho años); el abogado Jorge Chueco (ocho años), Fabián Rossi (cinco años) y Federico Elaskar (cuatro años y seis meses).
Lázaro Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y siguió el juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.
El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.
El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.
En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
Todos los juzgados, junto con Báez y su hijo mayor, considerados autores del delito, fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda conformada “para la comisión continuada de los hechos”.
Con información de Télam.
