Este miércoles se reanudó el juicio oral por supuesto lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros procesados con una breve audiencia para escuchar las últimas palabras de cinco de los acusados, antes de la lectura del veredicto que finalmente será el miércoles 24 de febrero.
La audiencia del Tribunal Oral Federal 4 duró media hora, de 9.30 a 10 de la mañana, y fue el turno de hablar de cinco personas acusadas, varios de ellos tienen pedido de absolución por parte de la Fiscalía. Cerrada esta parte de la audiencia se convocó a las partes para el miércoles 24 de febrero a las 9.30 horas, día en el que se le dará a los acusados la posibilidad de decir sus últimas palabras en juicio: lo harán Martín Erazo y Juan De Rasis, y luego se fijará hora para el veredicto.
La finalización del juicio estaba prevista para este miércoles pero por decisión de los Tribunal integrado por Néstor Costabel, Adriana Pallioti y María Gabriela López Iñiguez se resolvió desdoblar en dos jornadas las últimas palabras de los siete acusados. Este miércoles quienes hablaron fueron: Alejandro Costa, César Fernández, Jorge Cerrotta, Cristian Delli Quadri y Eduardo Castro. De estos Delli Quadri, Cerrotta y Costa tienen pedido de absolución por parte del fiscal Abel Córdoba; mientras que César Fernández, exvicepresidente de la financiera SGI, tiene un pedido de cinco años de prisión.
“Oportunamente mis abogados denunciaron irregularidades en esta investigación y otras nulidades de esta causa. Destaco firmemente que no participó ni intervenido en ninguno de los hechos delictivos aquí investigados”, dijo en sus últimas palabras Fernández y negó “haber cometido delito precedente alguno” como vicepresidente de la financiera ubicada en Puerto Madero y conocida como la “Rosadita” donde fueron filmados otros acusados, entre ellos Martín Báez, contando dólares.
Le pidió al Tribunal su “absolución” y negó haber conocido a Lázaro Báez o haber tenido relación con su empresa “Austral Construcciones”. Luego el otro exdirector de SGI, Eduardo Castro, calificó al juicio de “surrealista” y aseguró: “No sé qué estoy haciendo acá”.
Al mismo tiempo, en su declaración virtual recordó que el juez del caso, Sebastián Casanello, “desestimó la relación entre SGI con la actual vicepresidenta”. Además, aludió a “razones económicas” para “eliminar a la principal candidata a ganar una licitación con una empresa china para la realización de dos represas en Santa Cruz, por cinco mil millones de dólares”.
En su alegato final la fiscalía dio por probados hechos de lavado de dinero por unos 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Para este juicio el TOF4 quedó conformado por quien es actualmente su único integrante, Néstor Costabel y dos magistradas provenientes de otros Tribunales Orales de Comodoro Py Palliotti y López Iñiguez.
Con información de Télam.
