Rita Márquez
Con su condena por el caso Ciccone firme, apeló su debido regreso a prisión. Pero los beneficios procesales habituales podrían aliviar pronto una resolución en su contra.
Amado Boudou es el primer ex vicepresidente argentino con una condena por corrupción firme. Por si esto fuera poco, entre los ex funcionarios kirchneristas fue el que más veces ingresó y salió del Penal de Ezeiza. Ahora, se encuentra cumpliendo su condena en un chalet en Avellaneda, tras ser beneficiado en abril del año pasado (debido a la pandemia) con la prisión domiciliaria.
Sin embargo, a fines del año pasado los fiscales que entienden en su causa reclamaron que vuelva a la cárcel. Si así fuera, a mediados de este año podría pedir salidas transitorias, y en 2022 -con los dos tercios de la condena ya cumplidos- formalizaría el requisito temporal para dejar el penitenciario.
Las entradas y salidas a la cárcel
Boudou ingresó por primera vez a la cárcel el 3 de noviembre de 2017 aunque aún no había sido indagado. Entonces, el juez Ariel Lijo ordenó detenerlo en una causa donde se lo había imputado por lavado de dinero. En ese expediente se amplió el objeto de investigación y se sumó el delito de presunto enriquecimiento ilícito. Esa primer estadía tras las rejas duró unos pocos meses ya que el 13 de enero de 2018 fue excarcelado.
De todas formas, aquella medida judicial sería temporal. Es que el juicio por la compra de la imprenta Ciccone ya se encontraba en las instancias finales, lo que devino en una nueva condena. El 17 de agosto de 2018, Boudou regresó a la cárcel ya que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) lo encontró responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Sin embargo, ese regreso también fue más breve que los cinco años y diez meses a los que había sido sentenciado. El 11 de diciembre de ese año, con voto dividido, el TOF 4 ordenó excarcelar a Boudou. Sin embargo, dos meses después, el 18 de febrero de 2019, tras la apelación de las querellas -la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA)-, la Cámara de Casación determinó que el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner regrese al Penal de Ezeiza.
A partir de entonces devino su estadía más prolongada dentro del penitenciario federal: un año y dos meses. En abril del año pasado, apenas iniciada la cuarentena por el coronavirus, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le otorgó el arresto domiciliario. Desde entonces se encuentra bajo esa modalidad, en la vivienda del barrio de Avellaneda que según publicó Infobae alquiló por 18 meses a $840.000 más IVA.
Estas últimas decisiones de ingreso y egreso de la cárcel se tomaron en el marco del caso Ciccone. Es que la sentencia no se encontraba firme, y ese fue el argumento recurrente de la defensa para reclamar su salida de prisión.
Sin embargo, el 3 de diciembre pasado esa situación se revirtió. Fue porque la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Cámara de Casación que había avalado la sentencia del TOF 4 cuando lo acusó de corrupción.
Pasó un mes desde el fallo unánime del máximo tribunal hasta que el mismo juez Obligado -y por dos pedidos contundentes de la fiscal Guillermina García Padín y su par Marcelo Colombo- dictaminó que la prisión domiciliaria quede revocada, ordenando que Boudou vuelva a la cárcel.
La defensa del ex vice, conformada por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quien además se desempeña como asesora en el Congreso que preside Cristina Kirchner, tiene hasta mediados de febrero para apelar e intentar mantener a Boudou bajo arresto domiciliario.
La estrategia de la defensa
Según informó Lucía Salinas en Clarín, hay una cuenta que acompaña la estrategia legal: la condena concluye el 1 de junio de 2024. “Empieza entonces, el uso de la calculadora, ya que al cumplir dos tercios de la pena podrá acceder a la libertad condicional. En Comodoro Py estiman que esto será hacia julio de 2022″.
Sin embargo se sabe que a mediados de este año, si vuelve a la cárcel, el ex vice podrá comenzar a solicitar las salidas transitorias. Todos los cálculos son aproximados “ya que estaban tramitando el estímulo educativo, que de serle favorable adelanta esas fechas”, explicó una fuente del expediente a Clarín.
Antes de resolver en qué penal Boudou cumplirá la sentencia confirmada por la Corte, el juez Obligado solicitó al Servicio Penitenciario Federal, que se detalle en “un informe pormenorizado de los cursos y talleres que hubiere realizado el nombrado en su permanencia dentro de esa institución”.
También le solicitó “a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad de Avellaneda que informen respecto de Amado Boudou los estudios que hubiera cursado este año 2020, la aprobación de los ciclos educativos, las materias cursadas y toda otra información correspondiente a su trayectoria educativa en la institución, y remitan en caso de contar con la misma, la documentación pertinente”.
Según explicaron fuentes judiciales, esto responde a “un posible estímulo educativo (art. 140 de la ley 24660) por el cual se pueden reducir los plazos para acceder a alguna salida o libertad condicional”. Por lo tanto, estos pedidos no sólo demoran la decisión, sino que podrían terminar implicando una mejora en la situación penal del ex vice.