Cambiemos es minoría en el Congreso desde siempre, pero la oposición tampoco constituye bloque homogéneo en ninguna de las dos cámaras. Por eso en estos cuatro años las leyes fueran muy negociadas: ni el oficialismo puede sancionarlas sin el apoyo de la oposición, ni la oposición puede hacerlo sin la venia del oficialismo.
Sin embargo, la oposición unida ya le torció el brazo a Cambiemos y obligó al presidente Mauricio Macri a vetar dos leyes: la antidespidos, en 2016, y la antitarifazo, en 2018. Y este jueves a partir de las 11.30, en Diputados, quieren volver a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo con una sesión especial que incluye 33 proyectos de ley de corte económico y social.
La sesión especial fue pedida la semana pasada con las firmas de los presidentes de las tres principales bancadas opositoras, Agustín Rossi (Frente para la Victoria-PJ), Pablo Kosiner (Argentina Federal) y Graciela Camaño (Frente Renovador).
Para empezar la sesión se necesitan 129 de los 257 diputados sentados en sus bancas. Los 65 kirchneristas, los 34 justicialistas y los 15 massistas suman 114, es decir que no llegan.
Pero a ellos pueden sumárseles los 10 filokirchneristas del interbloque Red por Argentina, que preside Felipe Solá; los seis santiagueños del Frente Cívico, los cuatro sanluiseños de Unidad Justicialista y los tres trotkistas con lo que juntarían 137, y así podrían sesionar.
Sin embargo, como los 33 proyectos no tienen dictamen de comisión, para debatirlos se necesitarían los dos tercios de los votos de los diputados presentes. Por eso, si hay quórum, los 108 integrantes de Cambiemos bajarían al recinto para impedirlo.
Es decir que las chances de que se aprueben los proyectos es reducida. De todas formas, en un año electoral, con los diputados más preocupados por la campaña que por la tarea legislativa, todo puede pasar.
Además, el solo hecho de que la oposición unida junte quórum para sesionar ya supone un revés para el Gobierno y una señal más de debilidad: la oposición aprovecha cada sesión como vidriera ante la opinión pública y denuncia que el Poder Ejecutivo quiere cerrar el Congreso para impedirlo.
¿Qué temas quieren?
Entre las iniciativas presentadas se destacan dos que establecen la exención del impuesto a las Ganancias para jubilados, en línea con el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que instó al Congreso a sancionar una ley que regule la aplicación de este impuesto sobre esta población vulnerable, sobre criterios de ancianidad y enfermedad.
Lo particular de este asunto es que también en Cambiemos presentaron un proyecto para eximir de Ganancias a los jubilados y es nada menos que de la diputada Elisa Carrió y sus nueve colegas del bloque Coalición Cívica-ARI.
La iniciativa de los lilitos establece la derogación de excepciones al Poder Judicial y al Ministerio Público, así como una modificación de este impuesto para los haberes jubilatorios.
"Mediante este proyecto se elimina toda retención en concepto de Ganancias, respecto de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, toda vez que resulta injusto y excesivamente gravoso, que quienes han tributado ganancias durante su vida laboral, lo deban hacer durante su retiro", dice el proyecto, presentado el 8 de marzo, antes del último fallo de la Corte.
De todas maneras, aunque también el oficialismo pretende eximir por ley a todos los jubilados del pago de Ganancias, no es probable que esto se produzca este jueves. Primero, porque el proyecto de Carrió no figura en el temario definido por la oposición y, segundo, porque con los dos tercios de los votos de los presentes no se habilita el tratamiento de proyectos por separado sino de todo el temario.
Fabricaciones Militares El resto de los proyectos son directamente rechazados por el Gobierno, básicamente porque significan gasto en medio de un plan de ajuste.
Por ejemplo, la creación de un programa nacional de becas universitarias, un acuerdo nacional para la estabilización de precios y las declaraciones de emergencia alimentaria, tarifaria (para dejar sin aumento los aumentos en los servicios públicos) y en materia social por violencia de género. También, la creación del boleto escolar gratuito y tarifa reducida para docentes.
Además, hay seis proyectos relacionados con los despidos en la empresa estatal Fabricaciones Militares. Uno de ellos, pertenece al bloque Córdoba Federal, que preside Martín Llaryora e integran Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Juan Brügge, presentado en agosto.
En este proyecto, de resolución, se solicita al Gobierno que "convoque a una mesa de diálogo con la representación gremial de los trabajadores de Fabricaciones Militares Río Tercero y Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María en pos de tratar la reincorporación de los 101 trabajadores desvinculados de sus fuentes laborales".
"Asimismo, también se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que implemente las medidas necesarias para dar claridad y certidumbre a los trabajadores de Fabricaciones Militares Río Tercero y Fábrica de Pólvoras y Explosivos Villa María sobre la preservación y continuidad laboral", dice la iniciativa.
