El empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi fue condenado esta tarde a siete años de prisión por traficar entre 2004 y 2008 unos 1.900 kilos de efedrina utilizada como precursor químico para elaborar drogas sintéticas por narcos criminales. Así lo informó el Tribunal Oral Federal 8 que dio a conocer su veredicto.
Pérez Corradi había negado esta mañana haber vendido efedrina a grupos narcos para que elaboraran estupefacientes y admitió que comercializó esa sustancia en negro pero para la confección de sustancias en ese momento lícitas.
Pérez Corradi (41) enfrenta cargos por el tráfico ilegal de unos 1.900 kilos de efedrina entre 2004 y 2008 para ser usada como precursor químico a narcos internacionales.
El abogado de Pérez Corradi, Juan José Ribelli, había insistido en que "hay que remontarse a antes del 2008, cuando la efedrina no era una sustancia prohibida sino legal. Además, si bien admitió que es cierto que la comercializó en negro, no lo hizo para que se confeccionen estupefacientes".
Durante los alegatos, el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, había pedido una pena de 10 años de prisión para el acusado al atribuirle el comercio de la efedrina como materia prima para elaborar estupefacientes para una organización internacional.
Por su parte, el defensor Ribelli había solicitado la absolución de Pérez Corradi por considerar que antes de 2008, la efedrina no era una sustancia prohibida y que el imputado no sabía que quiénes le compraban la destinaban a producir drogas sintéticas.
En la causa hay otros cinco acusados que serán sometidos a otro debate oral más adelante, ya que apelaron la elevación a juicio. Entre ellos, se encuentran los hermanos Máximo Zacarías (60), exfuncionario de ceremonial del PAMI; y Miguel Angel Zacarías (58), exsecretario privado del jefe del Sedronar, Ramón Granero (58) -también está procesado-; y otros dos exfuncionarios de la misma secretaría, Gabriel Yusef Abboud (59) y Julio De Orue (48).
Además, Pérez Corradi continúa vinculado a la causa del triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados en 2008 Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), ya que si bien en diciembre de 2016 la jueza María Servini le dictó la falta de mérito, en mayo de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó esa decisión al considerar que restaba producir prueba.
