El gobierno de Mauricio Macri alcanzó un acuerdo político interno sobre los aumentos de tarifas, pero los sofocones continuarán esta semana en el Parlamento.
La oposición ya se prepara para instalar otra escena de impugnación el martes. Los plenarios de las comisiones de defensa del consumidor y defensa de la competencia, que conduce el massismo, y la de obras públicas, cercana al kirchnerismo, calentarán el ambiente. Graciela Camaño hará allí el discurso que no pudo en la sesión donde estuvo cerca de conseguir el cuórum para voltearle el ajuste de tarifas al ministro Juan José Aranguren.
El oficialismo no tiene margen para evitar ese cuadro. El macrista Luciano Laspina alambró la comisión de Hacienda, pero no alcanzará. Un día después, Emilio Monzó tendrá que hacer equilibrio con la sesión ordinaria que dejó en suspenso la semana pasada. El kirchnerista Agustín Rossi empujará un cambio del temario. Lejos de los dos tercios para conseguirlo. Cerca del costo que le implica al oficialismo negarlo.
No se sancionará ninguna norma contra el ajuste tarifario, pero todo será ácido sobre la credibilidad del gobierno.
En el Senado, Cristina Fernández recuperó el habla para reclamar por las tarifas. Debería contar con la anuencia del peronismo de Miguel Pichetto para que la queja se transforme en una norma que obligue a Macri a firmar un veto, como ocurrió con la ley antidespidos.
La expresidenta acaba de robarle una senadora al bloque de Pichetto y es probable que haya otro pase en sentido inverso. Mientras, el referente parlamentario del peronismo federal le devolvió la gentileza con un presente griego: dijo que Cristina será candidata el año que viene.
El gobierno no debería entusiasmarse con esa definición. Pichetto ya tiene resuelto levantar el perfil crítico del peronismo federal. Dejará que Cristina haga la oposición de bloqueo. Es una tarea de horadación que le resulta funcional. Con morigerar algunos grados el tono apocalíptico del kirchnerismo, encontrará la veta de discurso de la oposición constructiva. Lo ensayará el próximo jueves en Córdoba.
El gobierno de Macri no podía esperar que el temprano fracaso de la meta inflacionaria para este año discurriera por el escenario político sin ningún efecto adverso.
A la discusión de la devaluación de enero la eludió al instalar por sorpresa una agenda de género en la reapertura del Parlamento. El punto final de esa maniobra fue la imagen de las comisiones vacías donde se devalúa el debate sobre la legalización del aborto.
Lo que se venía estaba cantado desde la difusión del índice de precios y la instrumentación simultánea de un nuevo tramo del sinceramiento tarifario.
Al finalizar el programa de cuatro años de ajuste de tarifas, Macri espera licuar un déficit equivalente a seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB). El valor de esa política para el programa antiinflacionario es angular. Mientras tanto, debe lidiar con una percepción social ineludible: el Estado aparece como el principal agente inflacionario del corto plazo.
Sólo la torpeza política de sus opositores -que le regalaron una imagen de protestas contra los aumentos tarifarios encabezada por Pablo Moyano, Gustavo Vera y Luis D'Elía- alivió al gobierno cuando comenzó a escuchar otra vez cacerolas en su contra.
A diferencia de diciembre pasado, cuando la reforma jubilatoria desbordó la capacidad de maniobra de Cambiemos, esta vez las prevenciones vinieron desde adentro de la coalición oficialista. Elisa Carrió se anticipó pidiendo una revisión del aumento tarifario.
Fiel a su estilo, cargó de incertidumbre la profundidad del planteo. La sesión especial convocada por la oposición ya había fracasado, pero Carrió todavía giraba en su auto alrededor del Parlamento manteniendo en suspenso a sus aliados sobre lo que haría al ingresar al recinto.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, reveló en esas horas que su impronta en la conducción del radicalismo será muy distinta a la de su antecesor, el santafesino José Corral. Con un estudio elaborado por su equipo técnico en el área de energía, le mostró al oficialismo cómo impactarían los ajustes tarifarios en cada provincia.
El cordobés Mario Negri percibió que la armonía de su coalición parlamentaria estaba en juego y rápido se puso en el centro de las conversaciones entre las vertientes críticas y la Casa Rosada. A diferencia de diciembre, esta vez el mejor interlocutor que encontraron los parlamentarios oficialistas fue el jefe de Gabinete.
Al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le tocará actuar desde mañana en la mesa federal donde se articulan las políticas de energía. No sólo deberá convencer a los gobernadores sobre la nueva instrumentación de la tarifa social resultante del aplanamiento del ajuste tarifario. También deberá convencer al oficialismo de que está haciendo lo suficiente para despegar al peronismo federal de la ofensiva kirchnerista en el Congreso.
Carrió suele ser implacable en sus comentarios informales. De Frigerio exige que después del costo pagado por los legisladores oficialistas al bloquear el asalto opositor al ajuste tarifario y la explicación de la solución de compromiso que ofreció la Casa Rosada, el ministro político colabore eficientemente para que el tema salga de la agenda inmediata del Congreso.
La presión interna que ejerce la diputada de la Coalición Cívica suele ser incómoda para el gobierno, pero por lo general es predictiva.
Cuando le apuntó al ministro Germán Garavano por la mora en la reforma judicial, las causas contra funcionarios del kirchnerismo eran el centro de la demanda social. Ahora los mismos jueces que amagaron eficiencia entonces son los que comenzarán a investigar los vínculos de Odebrecht en Argentina. En los que fulgura Julio De Vido. Pero también Angelo Calcaterra.
